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L.J.R.
LOGROÑO.
Martes, 5 de septiembre 2017, 21:01
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Con la campaña del verano, la temporada alta de las autoescuelas, prácticamente cerrada en el peor año de su historia, el sector busca ahora fórmulas alternativas para recuperar los ingresos perdidos. Según el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), José Miguel Báez, el sector contabiliza unas pérdidas que ascienden a aproximadamente 42 millones de euros y alerta de que pueden aumentar a otros 30 o 40 millones si la situación de huelga continúa en septiembre.
En ese escenario, las autoescuelas han comenzado a valorar la posibilidad de reclamar a la Administración los daños y perjuicios que ha provocado a los centros de formación la huelga. «Es una posibilidad que existe y que estamos valorando. No nos están dejando trabajar cuando no tenemos ninguna culpa de lo que está pasando. Se tienen que poner de acuerdo con el ministerio que corresponda pero nosotros no podemos ser los paganos de la crisis», sostiene, Enrique Uruñuela, presidente de la Asociación de Autoescuelas de La Rioja. «Se puede entender su demanda, pero no apoyamos la huelga».
Desde la CNAE -que el pasado viernes mantuvo un encuentro con la Asociación de Empresas Formadoras en Seguridad Vial, el Instituto de Tráfico y Transporte, la Escuela de Conducción, Transporte y Logística y la Confederación Española de Empresas de Formación para analizar la situación del sector a nivel nacional- apuntan que tratarán de buscar «fórmulas legales para ir en contra» de esta huelga. Junto a esa posible reclamación económica, pidieron que se acuerden ampliaciones de horario en cada una de las Jefaturas de Tráfico y centros de exámenes para «dar salida» y «diluir» el «inmenso colapso de alumnos que están en espera para presentarse a las pruebas de conducir».
Además exigieron que adecue el número de funcionarios y examinadores a las «necesidades reales», ya que, a juicio de las entidades, las propuestas actuales continúan siendo «insuficientes» ante las jubilaciones producidas y las futuras. Según las organizaciones, el «gran problema» no es la huelga en sí, sino el futuro tras este conflicto.
En junio, en los primeros días de la huelga, se barajaron soluciones extremas. Según denunció entonces la Asociación de Examinadores de Tráfico (ASEXTRA), la DGT les informó en una reunión su intención de negociar con el Ministerio de Defensa la incorporación de personal de tropa y marinería al puesto de examinador de tráfico con el objetivo de cubrir hasta 300 plazas. Aquella medida no se llevó a efecto pero en el proceso de ampliación de las plantillas de examinadores (un centenar entre 2017 y 2018) se reservará una treintena plazas para que militares puedan acceder al puesto de examinador.
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