La Audiencia acepta las escuchas que destaparon la trama para robar hachís a narcos de Marruecos

Los siete acusados, vigilados por seis agentes de la Policía Nacional, permanecieron esposados durante todo el desarrollo de la vista oral de ayer. :: juan marín
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Los siete acusados, vigilados por seis agentes de la Policía Nacional, permanecieron esposados durante todo el desarrollo de la vista oral de ayer. :: juan marín

Varios acusados aceptarán en la sesión de esta mañana la acusación del fiscal y solicitarán no asistir al resto de las jornadas previstas

LUIS JAVIER RUIZ* LJRUIZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO.

La legalidad de las escuchas telefónicas, la cadena de custodia de la droga intervenida y la duración de la detención de alguno de los acusados. Sobre esos tres puntos pivotó ayer la primera sesión del juicio contra los siete acusados de simular la compra de un centenar de kilos de hachís a un grupo de narcotraficantes del norte de Marruecos al que, tras hacerse pasar por agentes de la Guardia Civil -cuatro de ellos en realidad lo son-, les robaron la mercancía.

La de ayer fue una sesión especialmente concurrida. Siete acusados (todos con las esposas puestas), siete policías nacionales custodiándoles, siete letrados defendiéndoles y numerosos amigos y familiares en la sala de vistas. Pudo ser, incluso, la única sesión del proceso toda vez que seis de los imputados estaban dispuestos a reconocer los hechos para así alcanzar un acuerdo con el Ministerio Fiscal y obtener una condena más amable. Pero W.M.A. -agente de la Guardia Civil en activo- dijo que no. Su letrado lo intentó por todos los medios. Incluso durante el extenso receso decretado por el tribunal para abordar las cuestiones previas planteadas por su defensa. Fue en vano.

La argumentación del letrado de W.M.A. pidiendo la nulidad de las escuchas telefónicas fue la que permitió desvelar cómo la Policía Nacional tuvo, en todo momento, controlada la actividad del presunto grupo criminal. Exigiendo que se dejaran sin efecto tanto las escuchas como «las pruebas que deriven de ellas», el letrado apuntó que las intervenciones telefónicas se autorizaron cuando la policía, en el curso de otra investigación por tráfico de drogas, interceptó una comunicación entre uno de los imputados y un proveedor de hachís de Marruecos. Apuntó que se registraron «flagrantes vulneraciones por falta de control de la autoridad judicial» tras las peticiones «genéricas» realizadas por la Policía Nacional.

Uno de los cuatro guardias civiles imputados es el único que ha rechazado el acuerdo con la Fiscalía La Policía Nacional conoció el plan del grupo a partir de las escuchas de otro caso similar de narcotráfico

Además puso sobre la mesa la posible existencia de una detención ilegal porque su cliente pasó más de 72 horas detenido antes de pasar a disposición judicial y defendió que la droga incautada no puede considerarse como prueba en el proceso ya que «se rompió la cadena de custodia» tanto en el traslado desde Málaga a La Rioja como en el posterior envío a Pamplona para determinar su composición y pureza.

Se encontró de frente con el vehemente argumento del fiscal jefe, Enrique Stern, que se opuso radicalmente a las peticiones de la defensa. Vehemencia que, en la sala, llegó a la crítica intensa de la forma de actuar del letrado. El receso y una petición de disculpas de Stern calmaron los ánimos, reveló el abogado. También la acusación particular -el vecino de Logroño que la Fiscalía señala como intermediario entre los procesados y los narcos marroquíes les acusa de un delito de detención ilegal y pide para ellos seis años de cárcel- se opuso a lo solicitado por la defensa de W.M.A.

El tribunal, tras una hora y media de deliberación, desbarató todas las pretensiones del único acusado que rechazó el acuerdo con el fiscal dando por buenos todos los extremos defendidos por el Ministerio Fiscal y la legalidad de las escuchas.

Así las cosas, hoy se retomará el juicio con la declaración de los imputados. Varios de ellos, según dejó entrever uno de los letrados, reconocerán los hechos, renunciarán a todas las pruebas propuestas y solicitarán al tribunal no asistir a las sesiones (algo que también podrían demandar sus letrados) previstas. Así las cosas, todo puede quedar en un mano a mano entre W.M.A., el Ministerio Fiscal y la letrada de la acusación particular.

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