La asignación salarial de los diputados y el cese de Ureña, los obstáculos

A. GIL LOGROÑO

«No cederemos en asuntos que no son una prioridad para los riojanos». Con estas palabras, la titular de Presidencia y portavoz gubernamental, Begoña Martínez Arregui, marcaba distancias respecto a las demandas que Ciudadanos sigue reclamando para la aprobación de los Presupuestos del 2018. Interpelada por cuáles eran los «asuntos» principales que dificultaban el acuerdo, la vicepresidenta mencionó expresamente la petición de cese de «un director general» del Gobierno riojano.

Martínez Arregui eludió poner nombre al alto cargo para el que la formación 'naranja' pide supuestamente su destitución, aunque se trataría de Javier Ureña, actual gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (Ader), entidad para la que Ciudadanos ha reclamado una reestructuración completa.

Asimismo, la consejera dejó también claro que el Ejecutivo no apoya la propuesta que negociaron los grupos políticos en el Parlamento regional con el objetivo de fijar un salario para los diputados: «En realidad el Gobierno no tiene por qué pronunciarse porque es un asunto que compete a la Mesa de la Cámara, pero efectivamente la posición del PP es contraria». Martínez Arregui reconoció, no obstante, que en la votación del máximo órgano del hemiciclo los dos representantes populares no votaron en contra sino que se abstuvieron, pero también aseguró que «sería la primera vez que se toma un acuerdo de este tipo sin unanimidad en el Parlamento».

Así las cosas, de momento, la Cámara legislativa sí ha aprobado el Presupuesto para el año 2018, que pasará de 5,2 millones de euros a 7 millones, es decir, un 33% más que este año. Pero éste se incluye dentro del Presupuesto general de la Comunidad Autónoma, por lo que, si éste último no se aprueba tampoco saldría adelante el primero.

El objetivo del acuerdo entre los grupos políticos de la Cámara legislativa -el PP está en minoría frente a los otros tres- tiene como propósito asignar a medio plazo una nómina a todos los parlamentarios para el año 2019.

De momento, la única diputada que cuenta con un salario como tal es la presidenta del Parlamento, Ana Lourdes González, mientras que el resto de sus señorías se financia con las asignaciones previstas a los grupos parlamentarios en concepto de liberaciones, pero no de forma nominal.

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