ASAJA pide a Agricultura que aclare las denegaciones en el reparto de viñedo

La organización apunta que las peticiones de jóvenes agricultores «han sido rechazadas» pese a cumplir los requisitos que marcaban las bases de la convocatoria

L.J.R.

Logroño. La organización agraria ARAG-ASAJA, a través de una nota de prensa, demandó ayer a la Consejería de Agricultura que aclare «cuáles han sido los criterios generales del proceso de reparto que ha enviado al Ministerio» después de que algunos de los viticultores demandantes hayan empezado a recibir «cartas de resolución de la Consejería a su solicitud de nuevas autorizaciones administrativas de viñedo». Según sostienen, entre los agricultores cuyas peticiones han sido ahora denegadas, se encuentran «jóvenes instalados como agricultores profesionales este año» a los que no se les ha considerado «jefes de explotación pese a haber presentado la solicitud en esos términos, tal y como exige la orden de la convocatoria».

«Otro motivo de rechazo está siendo la inadmisión total de la superficie alegada, sin haber informado previamente de los motivos para dar derecho a alegaciones y desconociendo las razones de la resolución», sostienen desde la organización agraria, que vuelve a reclamar a la Consejería de Agricultura cuáles han sido los criterios generales del proceso de reparto que ha enviado al Ministerio y que han dado lugar a estas resoluciones.

Así, la organización considera necesario que se de luz a los «criterios generales del proceso de reparto» y sostiene que «de cara a la convocatoria del año que viene, que ya está siendo debatida en el Ministerio de Agricultura» es necesario «conocer cuáles serán los nuevos criterios que enviará La Rioja». El sindicato agrario confía en que «se tengan en cuenta parámetros que prioricen a los viticultores profesionales por encima de los que no lo son».

Desde su punto de vista, ARAG-ASAJA estima necesario exigir a los beneficiarios una experiencia profesional de al menos cinco años -que se demostraría a través de la cotización a la Seguridad Social agraria, pagos de seguros, ingresos agrarios, etc.- o, en su caso, la obligación de realizar un curso de 30 horas de duración por cada año de experiencia que no se pueda acreditar. Además demandan la inclusión de criterios de prioridad como el reparto hacia explotaciones pequeñas y medianas que tengan viñedo o la limitación de la concesión de una superficie máxima por solicitante.

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