Los agricultores de la marihuana

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REUTERS/DAVID BEBBER

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han intervenido en el último lustro más de 5.100 plantas de marihuana cultivadas en toda la región | Desde ARAD apuntan que casi el 20% de sus nuevos usuarios acuden por problemas con la marihuana

LUIS JAVIER RUIZ

Se acuerdan de 'El jardín de la alegría'? ¿Aquella película en la que una viuda hacía frente a las deudas de su marido 'maximizando' el rendimiento de su invernadero? Sí, aquella que, neófita en la cuestión, decide poner en marcha una gran plantación de marihuana. Pues en La Rioja hay muchos 'jardines de la alegría'. Interiores, al aire libre, en invernaderos, en mitad del monte, entre la espesa vegetación del Iregua... No es algo nuevo y muchas voces vinculan a la crisis económica al auge de esta afición 'hortícola': además de que se abarata el autoconsumo, quienes trafican con esta droga maximizan sus beneficios. En los últimos cinco años, Guardia Civil y Policía Nacional han intervenido en La Rioja más de 5.100 plantas de marihuana repartidas por toda la región.

Convertir esa cantidad de plantas en un volumen concreto de droga es complicado. No es una mera regla de tres. Depende de si la plantación es interior o exterior; de las instalaciones y equipos utilizados; del tamaño de la planta; del espacio que tengan para crecer... Eso sí, en todos los casos se está cometiendo un delito. «El Código Penal lo deja claro. La plantación, venta o distribución de droga es un delito», explica el abogado logroñés Carlos Ruiz.

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Ese es el punto de partida del entramado legal de la marihuana en España, la droga más consumida en el mundo. No es legal cultivarla, no es legal comercializarla, no es legal transportarla, pero no está penado su consumo... siempre y cuando no sea en espacios públicos. Existen clubes de fumadores (que cultivan juntos para su autoconsumo) y proliferan los Grow Shop, tiendas especializadas en la venta de semillas, abonos y útiles para su cultivo que se autoubican en la política del autoconsumo llegando a rechazar, aseguran, grandes pedidos que les hagan sospechar de un fin ilícito de la plantación. «Tenemos un código ético», apuntaba a este medio el responsable de uno de ellos.

En ese complejo escenario entran en juego las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Miguel Ángel Sáez, portavoz de la Guardia Civil, explica que todas las operaciones «forman parte del plan para la erradicación del cultivo, la elaboración y el tráfico de estupefacientes» y que habitualmente inician las unidades de Seguridad Ciudadana. Puede ser una planta en un balcón, la denuncia de los vecinos por olores, los enganches ilegales a la red eléctrica (su cultivo interior exige un elevado consumo energético) o el anormal tráfico de personal hacia una vivienda (indicador habitual del comercio de estupefacientes). También hay casualidades, como el olvido de una sartén en el fuego que acabó incendiando la cocina y descubriendo una plantación en Lardero hace dos semanas. «Además se incrementan los controles en épocas de recolección», abunda Sáez, que considera que hace unos años repuntaron estas plantaciones y que ahora están «estabilizadas». La operación más voluminosa la cerró la Policía Nacional en noviembre del año pasado: se intervinieron 847 plantas en tres grandes plantaciones ubicadas en Albelda, Lapoblación (Navarra) y Labraza (Álava).

Cuando Policía Nacional o Guardia Civil actúa en una vivienda lo hacen tras acumular indicios. La primera respuesta de los cultivadores es que las plantas son para autoconsumo. ¿Es legal tener una pequeña plantación doméstica para uso y disfrute propio? La literalidad del Código Penal dice que no. Otra cosa es que su propietario, si no hay indicios de tráfico, acabe en un juzgado de lo Penal. En esos casos suele actuar la Ley de Seguridad Ciudadana, que en su última reforma incluyó como sanción grave los actos de cultivo (multa de entre 601 y 30.000 euros). Durante el 2016 se impusieron en La Rioja 14 sanciones con una recaudación de 15.243 euros.

La frontera del autoconsumo

La ambigüedad regulatoria se completa con las interpretaciones que los operadores jurídicos hacen en los casos de marihuana. Está claro, sostiene Carlos Ruiz, que «a partir de los 10 kilos de marihuana se va a considerar que está destinada al tráfico». Por debajo de ese volumen, entrarán en juego otros factores: antecedentes, presencia en el domicilio de útiles empleados para la venta (bolsitas, balanzas de precisión...). «Hay gente que con cantidades amplias alega que es para su tratamiento y al no haber indicios de tráfico queda como autoconsumo. Los jueces suelen ser relativamente flexibles con la droga menor. No quiero dar a entender que les absuelvan con un kilo de marihuana, sino que tendrán que acreditar su autoconsumo y se valoran las situaciones personales. En todo caso no es lo mismo tener un kilo de cocaína que de marihuana, es obvio. Cuando la droga es de menor importancia la pena suele oscilar entre 1 y 3 años de cárcel», completa el letrado.

Las grandes cifras del consumo del cannabis en España aseguran que el 31,5% de la población lo ha probado en alguna ocasión; que el 9,5% lo ha hecho en el último año; y que el 7,3% ha consumido en el último mes. Unas 800.000 personas recurren a la marihuana a diario. Esos datos, unidos a las iniciativas de regulación desarrolladas en diferentes países, han terminado por reabrir un debate que emerge periódicamente. ¿Hay que regularizar la marihuana?

En Europa lo han hecho Bélgica, Austria, Italia, Chequia, Polonia, Macedonia, Croacia y recientemente Alemania; Colombia y Chile también cuentan con medidas que controlan el uso terapéutico del cannabis; y en Estados Unidos numerosos estados han desarrollado diferentes fórmulas regulatorias. Además, el pasado mes de julio Uruguay se convirtió en el primer estado que se encarga de controlar el cultivo, empaquetado y venta legal en las farmacias.

Más jóvenes; más problemas

Pero regular no es legalizar. Porque una cosa es el consumo terapéutico y otra el lúdico. Desde la Asociación riojana para la atención a personas con problemas de drogas (ARAD), su presidente, José Luis Rabadán, alerta de los riesgos que comporta. «Hay un repunte en el consumo y cada año entre el 15 y el 20% de los casos que llegan a la asociación es por uso exclusivo de marihuana», que ha tomado, además, el relevo del hachís: «Ya casi nadie lo fuma y es porque la marihuana es entre tres y cuatro veces más potente».

Si maceramos el aumento del consumo, la mayor potencia de la marihuana y el inicio en edades tempranas (han atendido a jóvenes de 16 años) el resultado que describe Rabadán es preocupante: «Vemos a chavales que tienen brotes esquizofrénicos porque se trata de un potente activador cerebral que produce problemas mentales».

Para Rabadán existe cierta «banalización» del consumo de marihuana y considera que es preciso «aumentar la percepción del riesgo» ya que, alega, «está demostrado que la marihuana afecta a la memoria, a la concentración y a la capacidad de aprendizaje. El adolescente que fume cantidades importantes va a tener, seguro, un fracaso escolar».

Sin dejar de alertar frente a los graves riesgos de su consumo, Rabadán también es partidario de que el debate de la «regularización» se ponga sobre la mesa. «Regularización terapéutica», dice, ya que detrás de la legalización total ve «un claro interés económico de las grandes firmas de semillas». Además del problema de salud pública que podría implicar. Así, Rabadán compara la realidad del cannabis con la del opio: «Está presente en muchos medicamentos... pero nadie solicita la legalización de la heroína».

«La planta tiene 64 cannabinoides y cada una tiene un efecto: el THC coloca, pero otros son eficaces frente a los vómitos, los espasmos musculares, el glaucoma... En Suiza, por ejemplo, han logrado esos extractos que se administran de forma especifica a cada enfermedad. Es algo hacia lo que tendríamos que tender y animar a los laboratorios a que lo hagan, pero como no tendrían negocio, no lo hacen».

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