Acuerdos ya incumplidos y dudas sobre la reestructuración comprometida en la ADER

LOGROÑO.

La remodelación de la Agencia de Desarrollo Económico -incluida la salida de su gerente, Javier Ureña- que Cs puso como condición para apoyar los Presupuestos de La Rioja del 2018 volvió a centrar ayer buena parte del encuentro entre las cúpulas de ambas formaciones. Los plazos dados por el partido naranja eran taxativos: el Gobierno debía contratar en el primer trimestre del presente ejercicio un grupo de expertos encargado de gestar medidas durante el siguiente de forma que pudieran ejecutarse en la última parte del año. Pablo Baena aseguró desconocer en ese momento si, agotado ya marzo, se ha formalizado ya la primera parte del plan e insistió en la urgencia de un giro en la Agencia ante el declive de algunos de los principales indicadores económicos. Al mismo respecto, María Martín afirmó que el pliego para la contratación de los especialistas se redactó antes de concluir el primer trimestre según los plazos establecidos y con el conocimiento de su contenido por parte de Cs.

A falta de aclarar la cuestión, el hecho es que el acuerdo de investidura de La Rioja rubricado entre las partes en junio del 2015 ya se ha incumplido en un puñado de puntos que fijaban un horizonte temporal muy concreto. Por ejemplo, el pacto exigía un reforma de la Ley electoral en los dos años siguientes a la firma con, entre otros aspectos, la rebaja al 3% del umbral de votos para entrar al Parlamento. También se acordaron 24 meses para elevar al Gobierno central la modificación de la LOREG que tampoco se ha llevado a efecto. El compromiso de limitar los cargos de libre designación a nivel de subdirector general se ha desoído igualmente con figuras que ocupan este rango como Carmen Duque en Educación. Pese a lo firmado sobre la eliminación de todas las comisiones de servicio, tampoco hay constancia de ello (aquí no había plazo) y al inicio de legislatura se usó la fórmula para situar temporalmente al exconsejero de Salud, José Ignacio Nieto, como director de la Escuela de Administración Pública, un puesto vacante desde el 2012.

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