La Rioja

La Justicia riojana ha expulsado de España a 88 extranjeros desde el 2015

Dos condenados con la expulsión tras fracturar el cráneo a un joven.
Dos condenados con la expulsión tras fracturar el cráneo a un joven. / J.H.
  • En los delitos con penas de prisión superiores a cinco años, la Fiscalía solicita un cumplimiento parcial seguido de su salida del territorio nacional

La última condena fue hace poco más de un mes. A mediados de mayo un joven marroquí y otro brasileño aceptaron cumplir tres años de cárcel y, después, ser expulsados del territorio nacional. Fracturaron el cráneo en una brutal paliza a otro joven en las inmediaciones de la plaza del Ayuntamiento de Logroño. Ellos ingresarán en la próxima estadística de extranjeros condenados penalmente con la salida de España.

No son los únicos. Los últimos datos que aporta el INE indican que entre el año 2007 y el 2015 los órganos de La Rioja han condenado con la expulsión a 88 extranjeros que habían cometido algún delito penal. A ellos hay que sumar los expulsados por incurrir en alguna de las infracciones previstas en la Ley de Extranjería (una prolija relación de 21 supuestos). Según los datos aportados desde la Delegación del Gobierno (que no discrimina entre expulsiones penales y administrativas) durante el 2015 han sido ejecutadas 44 expulsiones y, en el 2016, 41.

Los criterios de la expulsión penal cambiaron con la última reforma del Código Penal y se incluyó en esa posibilidad a los extranjeros comunitarios (hasta entonces se reservaba para los que no residían legalmente en España). Meses después, en una circular, el Ministerio Fiscal fijaba el criterio a seguir por los fiscales en cada caso. Todo en función de la duración de la pena. Así, no se solicita cuando es inferior a un año de prisión; reclaman la sustitución del ingreso en prisión por la expulsión cuando oscila entre uno y cinco años y concurran determinadas situaciones (tiempo de residencia en España, situación familiar y económica, su integración laboral, social y cultural y los vínculos con el país de origen); y, en condenas superiores a cinco años, demandan el ingreso en la cárcel y tramitar la expulsión cuando el recluso acceda al tercer grado penitenciario.

Violación y drogas

Ese último fue el caso de un vecino de Calahorra de nacionalidad nicaragüense. Salió de fiesta por Logroño con una amiga y regresó a la localidad riojabajeña en donde acabó violando a la mujer tras ser rechazado por ella. Aceptó cumplir tres años de cárcel antes de ser repatriado a su país con la prohibición de regresar a España durante una década.

También vecino de Calahorra era un argelino al que agentes de la Guardia Civil intervinieron 20 gramos de cocaína. Fue condenado a tres años de prisión. Nunca pisó la cárcel. En su caso la sustitución de la pena fue automática. Desde el despacho de abogados Abreu&Daroca recuerdan que «el propio condenado puede optar voluntariamente por la expulsión, si la condena es inferior a los seis años».

Más problemáticos son los casos en los que hay una combinación de cárcel y expulsión. Al recluso se le informa de que ha comenzado el proceso de expulsión pero «muchos se niegan a firmar el inicio del expediente y eso acaba acelerando los tiempos. No confían en nadie y así se quedan sin la posibilidad de recurrir o de demostrar su arraigo».

En cualquier caso, demostrar arraigo tampoco es garantía de nada. Recuerdan los letrados de Abreu&Daroca un caso en el que un problema de alcoholemia acabó convertido en una expulsión «pese a que la persona tenía una hija escolarizada aquí».

Y el proceso de expulsión en sí dependerá del país de destino. Si la repatriación es, por ejemplo, a Marruecos, la expulsión será más ágil y habitualmente se completa en apenas 24 horas. En casi todos los demás supuestos, los reclusos pasan de la prisión al Centro de Internamiento de Extranjeros, donde sólo pueden estar un máximo de 60 días.

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