La Rioja
Ana Belén Martínez (PSOE), alcaldesa de Villamediana. :: sonia tercero
Ana Belén Martínez (PSOE), alcaldesa de Villamediana. :: sonia tercero

Orga admite la personación del Ayuntamiento de Villamediana en el caso del chalé de Sanz

  • La Audiencia Provincial deberá decidir ahora sobre el recurso contra el auto que revocaba ampliar la investigación a las 69 parcelas reguladas en el nuevo PGM

Logroño. El magistrado José Carlos Orga, del Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño, ha admitido la personación del Ayuntamiento de Villamediana en el caso que se sigue por un presunto delito urbanístico en la localidad que salpica al expresidente Sanz. En un auto al que ha tenido acceso Diario LA RIOJA, el juez entiende que el Consistorio «aunque no es el ofendido por los delitos objeto de este procedimiento», apunta el escrito, «sí puede ostentar la condición de perjudicado ante las consecuencias que una eventual sentencia condenatoria pudiera llegar a tener, incluso con carácter material, en los gastos de restauración de orden urbanístico». Por tanto, en su condición de «perjudicado» da por personado al Ayuntamiento que lidera la alcaldesa socialista Ana Belén Martínez.

La pelota está ahora sobre el tejado de la Audiencia Provincial de Logroño, que deberá decidir sobre el recurso que el Consistorio de Villamediana, al que se suma el presentado por la Fiscalía riojana, presentaron a otro auto del mismo juez que daba carpetazo a que se extendiera la investigación por el presunto delito urbanístico a 69 parcelas del sector diseminado 1, 2, 3, 4 y 5, zona en la que se encuentra el chalé del expresidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, los miembros de la COTUR y los concejales que apoyaron con su voto la aprobación del Plan General Municipal.

La ampliación de las pesquisas la había ordenado la juez Rosa Esperanza Sánchez en un auto fechado el 20 de octubre del 2016 que causó conmoción inmediata en el municipio porque, además, ordenaba instruir una nueva causa contra el entonces alcalde de la localidad del Iregua, Tomás Santolaya. Una moción de censura a la que se unió Ciudadanos entregó la vara de mando a la socialista Ana Belén Martínez.

En el auto del 20 de octubre, la juez Rosa Esperanza Sánchez encontraba sospechosa la urgente aprobación del Plan en el que se legalizaban esas 69 construcciones; una medida que, según escribió, «podría evidenciar la realidad de una decisión de última hora no basada en razones exclusivamente técnicas y de urbanismo, sino de favorecer a una persona y a unos intereses en particular».

Para el magistrado Orga, en cambio, no cabía montar una causa general por una mera sospecha: «El auto de 20 de octubre (...) acuerda incoar un nuevo proceso penal para recabar datos respecto de una generalidad de personas, al objeto de apreciar si de esos datos pudieran derivarse indicios de delito, sin que frente a ninguna de esas personas concretas se dirija el procedimiento y sin que ninguna de esas personas concretas ostente la cualidad de investigado».

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