La Rioja

El TC anula la plusvalía en ventas a pérdida, un tributo que recauda 9,3 millones en La Rioja

El TC anula la plusvalía en ventas a pérdida, un tributo que recauda 9,3 millones en La Rioja
  • El Ayuntamiento de Logroño anuncia que seguirá girando el tributo como hasta ahora, a la espera de que se cambie la legislación estatal

No por esperada será menos celebrada. El Tribunal Constitucional (TC) acaba de declarar nulo el cobro del impuesto de plusvalía -legalmente denominado Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana- en todos aquellos casos en los que la venta de un inmueble se cierre por un precio inferior al de compra, es decir, cuando se venda a pérdida. El fallo, fechado el pasado 11 de mayo pero hecho público en la jornada de ayer, traslada al conjunto del Estado la doctrina que el mismo tribunal fijó el pasado mes de febrero, cuando analizó y determinó la nulidad de la regulación (clónica a la del resto del país) de la plusvalía en las normas del País Vasco.

Esta última sentencia aborda desde el mismo prisma la regulación del artículo 107 de la Ley de Haciendas Locales a raíz de una cuestión de inconstitucionalidad promovida por un juzgado de Jerez de la Frontera. El TC apunta que la regulación del impuesto no es, «con carácter general» contraria a la Constitución, sino únicamente «en los supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión».

De esta manera, y al igual que hizo con la normativa foral, el Constitucional mantiene el tributo de plusvalía para aquellos casos en los que sí exista un beneficio económico en la venta y expulsa del ordenamiento jurídico los artículos 107.2 y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales.

9,3 millones recaudados

El fallo tiene una doble consecuencia. Por un lado, los ayuntamientos no podrán seguir girando el impuesto en aquellos casos en los que el vendedor sufra una pérdida con la transmisión del inmueble, si bien, como indica la sentencia corresponde al legislador «la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación [...] llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana». En el año 2015, los ayuntamientos riojanos giraron recibos por este impuesto por un total de 9,3 millones de euros (6,2 sólo en Logroño). En el conjunto del país la 'factura' ascendió a 2.600 millones.

Pero la sentencia del Constitucional no solo tendrá efecto en las compraventas que se tramiten a partir de ahora, sino que, en aplicación de la Ley General Tributaria, los contribuyentes que vendieron su piso a pérdida y pagaron la plusvalía en los últimos cuatro años podrán solicitar al ayuntamiento en cuestión la devolución de esa cantidad, interpretan desde la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR).

Sin estimaciones oficiales -ningún ayuntamiento se ha pronunciado al respecto- la única cifra que se ha aportado al conflicto de la plusvalía la ha facilitado la CPAR, que cree que los consistorios riojanos han cobrado indebidamente 40 millones de euros durante los últimos cuatro años.

Conocido el fallo, el secretario general de la CPAR, Juan Ramón Liébana, es contundente. «Ya no hay posibilidad de más sentencias por lo que el impuesto se debe dejar de girar. En caso contrario se estaría incumpliendo la Constitución Española», explica. Liébana recuerda que «es la sentencia que faltaba, la que decían en el Ayuntamiento que era necesaria porque la anterior se refería a una norma foral. Nos llevan dando la razón más de dos años. Las administraciones ya no tienen más margen para seguir aplicándolo», defiende.

Liébana completa que «los ayuntamientos se enfrentan ahora a una avalancha de reclamaciones» y cree que se tendrían que articular recursos para «devolver lo indebidamente cobrado» y no obligar a los ciudadanos a acudir a los tribunales. «La administración tiene capacidad para devolver de oficio», completa.

¿Y los Ayuntamientos? Pues diversidad de opiniones. El Ayuntamiento de Logroño, a través de una nota de prensa, apuntó que la sentencia «debe afrontarse de forma global» por todos los ayuntamientos de España antes de sostener que «seguirá actuando, como ha hecho siempre, conforme a la legalidad y ajustará su actuación a la normativa vigente en cada momento». «La Dirección General de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Logroño estudia el alcance de la sentencia desde la prudencia y la seriedad», completa.

Recalca la nota que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado una reunión el 30 de mayo en la que se abordará «la modificación de la Ley de Haciendas Locales, recogiendo la nueva situación que se plantea a los ayuntamientos» y recuerda que la alcaldesa de la capital y vicepresidenta de la FEMP demandó que «se respeten los intereses de los contribuyentes afectados por la pérdida de valor de sus inmuebles y, al mismo tiempo, se salvaguarden los recursos de las Haciendas Locales para seguir ofreciendo a los logroñeses los servicios públicos con eficacia y eficiencia».

La alcaldesa de Haro, Laura Rivado, informa Cristina Valderrama, apuntaba ayer que «mientras no cambie la ley se seguirá actuando como hasta ahora». Desde Calahorra, informa Isabel Álvarez, señalan que cumplirán la resolución del Constitucional, si bien no esperan gran cantidad de reclamaciones.

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