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Carmelita Monje y Antonio García sostienen las escrituras que corroboran que él es el propietario de un inmueble en el que invirtió 106.000 euros.
El fiscal pide 6 años para el acusado de estafar a la pareja de Hormilla que le compró su casa

El fiscal pide 6 años para el acusado de estafar a la pareja de Hormilla que le compró su casa

El vendedor, que se sienta en el banquillo de los acusados este miércoles, no canceló la hipoteca que pesaba sobre la vivienda y días antes de escriturar volvió a gravar el inmueble con otro préstamo

Luis J. Ruiz

Martes, 18 de abril 2017, 13:41

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Hormilla estará muy pendiente de la Audiencia Provincial de Logroño este miércoles. En el banquillo de los acusados se sentará M.A.F.N. Si prospera la petición del Ministerio Fiscal pasará seis años en prisión. Si lo hace la de la acusación particular, representada por el letrado Eduardo Cid, estará más tiempo a la sombra. El abogado se excusa por no concretar su petición. Estudia diversas estrategias de cara a la inminente vista. Los hechos los conoce todo Hormilla. También buena parte de la comarca de Nájera ... y de La Rioja. Antonio García y Carmelita Monje ya protagonizaron la portada de este periódico el 15 de septiembre del 2015.

Todo se remonta al año 2011. Antonio García vivía entonces en Bilbao. Trabajó en Galdácano hasta que las inundaciones de 1988 acabaron con el futuro de la empresa de laminación en la que era operario. Tuvo que dar el salto a la construcción. Entre una cosa y otra hizo unos pequeños ahorros y después de visitar la casa que su cuñado y su hermana se habían comprado en Arenzana de Abajo decidió que su jubilación la disfrutaría en La Rioja. Recorrió varios pueblos y llegó a Hormilla. Preguntó si había algo en venta y alguien le puso en contacto con el ahora acusado y su padre, que falleció en mayo del 2014. Aquella visita fructificó. Le enseñaron una modesta casa que se adaptaba a su futuro soñado. En mayo del 2011 llegaron a un acuerdo: 99.167 euros. «16,5 millones de pesetas», recuerda ahora Antonio García, con un pago inicial en concepto de contrato de arras de 6.000 euros. El fiscal explica que las partes acordaron que el pago se completaría «en el momento en que se perfeccionara el contrato por la entrega de la posesión del inmueble».

Pero no fue del todo así. El vendedor se puso en contacto con Antonio García. Quería que le adelantara más dinero. «Vino a Bilbao y quedé con él. Me dijo que necesitaba 15.000 euros y se los entregué descontándolos del importe pendiente». En diciembre del 2011 la escena se repitió, dice el fiscal. Antonio explica que el acusado le dijo que tenía que hacer una aportación de capital a su empresa, que si no la hacía se quedaría en la calle, que tenía dos hijas, que qué iba a hacer él si lo echaban... «Lloraba a lágrima viva», recuerda ahora. Acudió a su banco y canceló un plazo fijo con sus ahorros. «El director quiso abrirme los ojos. Me dijo, Antonio, ¿pero tú conoces a esta gente?».

La venta se completó el 27 de abril del 2012 en una notaría de Logroño en donde Antonio se enteró de que había una hipoteca sobre la vivienda que compraba. «Dijo que la cancelaría con el dinero que le entregaba. Cuando íbamos a su banco a cerrar esa hipoteca aceleró en un semáforo y lo perdí de vista». No lo hizo.

Explica el Ministerio Fiscal que el importe de esa hipoteca era de 62.000 euros. Pero hay más. «La novación de la hipoteca presentada el 23 de marzo del 2012, poco antes de la firma de la compraventa, resultó ser otra hipoteca sobre el inmueble comprado a favor de la entidad Forbadi Difusión S.L. por un importe de 75.406,94 euros [...] garantizando una deuda que tenían tanto el acusado como su padre con dicha mercantil».

El comprador, dice el fiscal, «desconocía su significado» y no fue advertido en ningún momento por el acusado de la existencia de la misma. «Soy analfabeto», se excusa Antonio . «Ni el acusado ni su padre han cancelado ninguna de las hipotecas existentes sobre el inmueble» que han provocado en la víctima «gran inestabilidad en su devenir diario dada la inminente ejecución del inmueble, sin que tuviera otro en el que residir y habiendo invertido sus ahorros de toda la vida en la compra».

Concluye el fiscal que los hechos son constitutivos de un delito de estafa del que es responsable M.A.F.N. y solicita una condena de 6 años de prisión, una multa de 5.400 euros, el abono a Antonio García de los 106.668 euros invertidos y una indemnización de 10.000 euros.

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