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Los vaivenes de Villamediana

Los vaivenes de Villamediana

La Fiscalía sostuvo en su informe la necesidad de investigar a Sanz y a otros 68 propietarios

LUIS J. RUIZ

Sábado, 18 de febrero 2017, 01:03

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El fiscal Luis María Fernández Gómez de Segura cambió de opinión en el caso Villamediana. Lo hizo, presuntamente y según ha publicado el Diario El Mundo, a instancias de la Fiscalía General del Estado. Según ese medio, el propio fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se interesó por la tramitación y solicitó y recibió un primer informe fechado el pasado 20 de diciembre. Nueve días después, Luis María Fernández Gómez de Segura, remitió un segundo documento a Madrid y el 10 de enero el Juzgado de Instrucción 3 de Logroño recibió y registró la redacción definitiva de la posición de la Fiscalía.

En la primera comunicación, Fernández Gómez de Segura respondía a la Fiscalía General del Estado identificando a Pedro Sanz como el titular de la parcela 105 del polígono 8 de Villamediana. Consideraba el fiscal que había incurrido en un delito contra la ordenación del territorio.

Nueve días después insistía en la necesidad de examinar si «la delimitación por el Plan de tales sectores dispersos se ha hecho para favorecer o no a determinados propietarios [Sanz]» y mantenía que había que investigar a quienes aprobaron el Plan General Municipal de Villamediana (primero el Ayuntamiento y, después, la COTUR).

Y ese punto es el que, presuntamente a instancias de sus superiores y pese a que el jueves tanto Enrique Stern, fiscal superior de La Rioja, como la Fiscalía General del Estado negaron la existencia de presiones, modificó Fernández Gómez de Segura para concluir que los indicios de delito existentes «no son suficientes para ordenar la investigación penal del posible ilícito». Así, ese cambio de criterio favoreció al alcalde y los seis concejales de Villamediana que aprobaron el PGM y a los once miembros que lo respaldaron en la COTUR.

Pero el fiscal mantuvo y defendió ante el Juzgado de Instrucción 3 la necesidad de investigar los presuntos delitos contra la ordenación del territorio -en donde se incluiría tanto al expresidente regional como a los otros 68 propietarios de parcelas en los denominados sectores diseminados del Villamediana de Iregua- como la posible prevaricación urbanística del alcalde y de los responsables de controlar y evitar que se consumen delitos urbanísticos.

A lo largo de su informe, y sin identificar en momento alguno al expresidente regional -«en el delito de prevaricación urbanística las autoridades y funcionarios implicados ya están identificados; en el delito contra la ordenación del territorio, no lo están aún» -, el fiscal recuerda que los delitos urbanísticos «son los que cometen los particulares que realizan obras no autorizables en dicho suelo [sectores rústicos y diseminados]» y que la prevaricación es imputable a «autoridades y funcionarios que no realizan inspecciones que permitan detectar dichas ilegalidades». «El delito se cometió», defendía.

El pasado 23 de enero el juez José Carlos Orga ordenaba en un auto el archivo del caso. Contra esta decisión recurrió el Ayuntamiento de Villamediana, personado en la causa. Ahora deberá decidir la Audiencia Provincial.

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