La Rioja

UGT inicia los trámites para llevar el aparcamiento del Cibir a la Fiscalía Anticorrupción

UGT entregó ayer su informe en la Delegación.
UGT entregó ayer su informe en la Delegación. / MIGUEL HERREROS
  • «El contrato debe rescindirse y la Fiscalía, investigarlo», asegura Fernando Domínguez al entregar su informe en la Delegación de Gobierno

El secretario general de la Federación de Empleados de la Sanidad Pública (FeSP) de UGT en La Rioja, Fernando Domínguez, presentó ayer en la Delegación del Gobierno en La Rioja el informe 'La verdad sobre la adjudicación del Aparcamiento Cibir...', dirigido a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el Tribunal de Cuentas. El informe «expone presuntas irregularidades en la tramitación de una adjudicación a 40 años» y el motivo de su traslado a la Fiscalía es que esta, «con más capacidad, profundice, si lo considera, en esta adjudicación y abra un expediente informativo que determine, en su caso, las responsabilidades a las que hubiera lugar».

Para la FeSP-UGT, la recopilación de datos y documentos ha revelado que «la anterior Consejería de Salud y Servicios Sociales realizó una adjudicación tendente a generar problemas en el aparcamiento público, para que los ciudadanos acudiéramos a otro de pago». «Creemos que la adjudicación de este contrato fue abusiva, no entendemos cómo se puede adjudicar a una empresa privada un contrato en el que se garantiza los beneficios durante todo el periodo de explotación del servicio, como ocurre aquí», declaró Domínguez, por lo que añadió: «Entendemos que la Fiscalía debe investigarlo».

«Dentro de este informe se recoge un estudio previo que se hizo en el 2006 y en el que ya se recogía la necesidad de que los parkings de alrededor fueran de pago para que el aparcamiento del Cibir fuera rentable, algo que no ha sucedido y por lo que hemos estado abonando unas cantidades que pueden exceder de los 3,4 millones de euros, podrían llegar a los 6 millones», afirmó el secretario general de la FeSP de UGT, quien consideró que «el contrato con Aparcamientos Cibir debe rescindirse y el parking Oeste 1 debe quedar sin barreras, con acceso libre». Hasta ahora, la presión pública y política sobre el caso ha tenido poco efecto sobre el Gobierno de La Rioja. En la FeSP-UGT declaran estar «sorprendidos por la poca consideración que se ha hecho con respecto a la sensibilidad de los ciudadanos».

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