La Rioja

El Ejecutivo rectifica y usa una enmienda del PP para retirar la reforma de la Cámara de Comercio

Martínez Arregui y González Menorca en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. :: justo rodríguez
Martínez Arregui y González Menorca en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. :: justo rodríguez
  • González Menorca insiste en la necesidad de modificar la normativa autonómica para regular la solvencia de la entidad

El Gobierno regional rectificó ayer su decisión de incluir en la ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el 2017 la reforma de la normativa autonómica de la Cámara de Comercio que abría el camino a la intervención y extinción de este organismo en el supuesto de que sume dos años consecutivos de resultados negativos de explotación. Para ello utilizará una enmienda de supresión que presentará el Grupo Parlamentario del PP, la única vía posible para extraer el polémico artículo 50 de la también llamada Ley de Acompañamiento una vez que ha iniciado el trámite parlamentario.

En la misma nota en la que los populares anunciaban la presentación de la mencionada iniciativa, proponían a González Menorca, consejera de Desarrollo Autonómico (entidad que ejerce la tutela de la organización cameral) que iniciara un proceso de diálogo con todos los grupos parlamentarios y con la propia Cámara para lograr el máximo consenso posible respecto a su reforma.

Minutos después del comunicado remitido por el Grupo Parlamentario Popular, el Ejecutivo regional aseguraba que la consejera González Menorca estaba al tanto de la citada iniciativa parlamentaria que, incluso, habían acordado conjuntamente. Todo ello pese a que antes la propia titular de Desarrollo Económico, en una rueda de prensa, sin mencionar este extremo, insistió en la situación de pérdidas en la que se encuentra la Cámara de Comercio de La Rioja, que cifró en dos millones de euros desde el 2012, dos años después de que por ley los empresarios dejaran de estar obligados a pagar un canon por pertenecer a la institución. En la misma comparecencia reconoció la necesidad de modificar la normativa actual para regular cómo actuar en caso de insolvencia y poder nombrar una gestora, que integrarían los propios empresarios, para elaborar un plan de viabilidad. Y si el resultado fuera aceptable, se convocarían elecciones y se retomaría el funcionamiento normal de la Cámara.

Descartó que el Ejecutivo quiera cerrar la Cámara, «sólo desea regular su solvencia», insistió, como ya se ha hecho en otras comunidades, como Asturias y Cataluña, que han incluido en sus respectivas normativas autonómicas el artículo 32 bis de la ley estatal que recoge cómo actuar en caso de inviabilidad económica.

Justificó la inclusión de la modificación en la Ley de Acompañamiento porque permite una mayor agilidad administrativa. No obstante, ya entonces -antes de que el PP anunciara la enmienda- se mostró en disposición de negociar cómo llevar a cabo la regulación y, por tanto, renunciar a la vía de la Ley de Medidas Fiscales, porque «independientemente de cómo se tramite esta medida, lo importante es la modificación de la norma», apuntó.

Respecto a la situación financiera de la Cámara, explicó que desde el Ejecutivo se les ha advertido en numerosas ocasiones de la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiación. Y en cuanto a las declaraciones efectuadas un día antes por el presidente de la organización empresarial, José María Ruiz Alejos, cuestionó si eran «más personales que como máximo dirigente de la entidad» y señaló que no entendía cómo se podían establecer comparaciones con Valdezcaray o con el aeropuerto.

Días atrás, todos los grupos de la oposición, PSOE, Podemos y Ciudadanos ya habían anunciado enmendar el artículo 50.