La Rioja

El Gobierno insiste en que ha sido «legal y escrupuloso» con el reparto de viñedo

Riego en un viñedo de La Rioja. :: E.D.R.
Riego en un viñedo de La Rioja. :: E.D.R.
  • Las Bodegas Familiares consideran un «fracaso» las adjudicaciones y exigen a la administración un cambio de criterio inmediato sin esperar al 2018

El Gobierno riojano «ha sido escrupuloso, legal y transparente a lo largo de todo el procedimiento administrativo» de reparto de nuevos permisos de plantación de viñedo del año 2016, cuyos adjudicatorios se conocerán el próximo día 28. El Ejecutivo regional asegura que «todos cumplen con los requisitos exigidos y de manera complementaria se han realizado cruces contra el resto de registros existentes de la Comunidad Autónoma y solicitado documentos justificativos para demostrar la disponibilidad de la parcela, yendo más allá de lo estrictamente exigido a nivel legislativo».

Las aclaraciones se producen después de que Diario LA RIOJA publicase ayer que la gran mayoría de nuevas plantaciones han recaído en el entorno de los viticultores y sus familias mediante terceras personas cercanas, cuando la norma europea, aunque protestada por todo el sector e incluso la Consejería de Agricultura pretendía precisamente lo contrario: primar a jóvenes con actividad agraria distinta a la viticultura.

El Ejecutivo negó en todo caso que se «haya burlado la normativa comunitaria» y la consejera portavoz Begoña Martínez Arregui recordaba ayer tras el Consejo de Gobierno que durante el proceso «ha habido además un continuo diálogo con todas las entidades y asociaciones vinculadas al ámbito vitícola».

Crítica de bodegas familiares

Sin embargo, ayer mismo las Bodegas Familiares de Rioja emitieron un comunicado en el que califican de «fracaso» e incluso de «fraude administrativo» la aplicación de los criterios de reparto, por lo que exigen a las administraciones «un control exhaustivo de la actividad agraria de los beneficiados».

En este sentido, la Asociación de Bodegas Familiares explica que «la decisión de establecer un grupo prioritario para acceder al reparto de jóvenes sin dedicación a la viticultura ha provocado en realidad situaciones 'fraudulentas', con beneficiarios cuya trayectoria profesional siembra muchas dudas sobre su supuesta dedicación real a la actividad agraria y con graves sospechas de que sean en realidad 'testaferros' de quienes han sabido ver con antelación los vicios de unas nuevas reglas de juego que, si inicialmente pretendían favorecer la incorporación de jóvenes agricultores ajenos a la actividad vitícola, en realidad lo que ha supuesto son situaciones de agravio con los viticultores y pequeñas bodegas que han hecho inversiones importantísimas en nuevo viñedo».

La asociación reclama para futuros repartos, incluido el de 2017, que «se limite a un máximo de tres hectáreas el tope de adjudicaciones y también que se tenga en cuenta la aptitud vitícola de los suelos para producir uvas de calidad». Asimismo, exige que el cambio de criterios anunciado por la propia Consejería y el Ministerio de Agricultura no se postergue al 2018, sino que se haga ya en el 2017 por cuanto «el problema del reparto podría multiplicarse el año próximo».

El PP defiende el reparto

La portavoz parlamentaria del PP, Concepción Arruga, replicó ayer a su homóloga socialista, Concha Andreu, que había reclamado la «suspensión» del proceso de adjudicaciones, que «ya se ha trasladado al Gobierno de España la necesidad de valorar unos nuevos criterios para el reparto de las autorizaciones», al tiempo que ha incidido en que «hace falta un nuevo calendario, pero razonable y objetivo, y no hay tiempo material para el 2017». Arruga reclamó al PSOE «más rigor y responsabilidad, ya que está alimentando un malestar en el sector que no se había producido hasta el momento».