El mercado de Murrieta lanza un SOS

Un bar-cafetería, una pollería, tres carnicerías, una pescadería, una frutería y una floristería... Ocho puestos que dan trabajo a otras tantas familias y que, tras décadas abiertos al público, se ven abocados al cierre por causas ajenas a ellos... por una interpretación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Hasta ahora los cierres habían sido por jubilación o traslado.

«Llevamos dos años de tiras y aflojas con la propiedad queriendo resolver los contratos de arrendamiento unilateralmente, ofreciéndonos otros de un año y con nuevas condiciones, a fin de desalojar el mercado y nosotros insistiendo en que los contratos se pactaron en su día por tiempo indefinido, con carácter vitalicio y con la intención de servir como medio de vida permanente y duradero hasta nuestra jubilación», explican los afectados por el proceso.

Lo cierto es que hasta cuatro de los ocho puestos ocupados mantienen a día de hoy sus contratos iniciales, firmados en los años 80, y la propiedad ha empezado por ahí. «Me dirijo a ustedes como arrendatarios del puesto a fin de indicarles que, tras las sucesivas prórrogas del contrato -por tácita reconducción-, es voluntad que no se prorrogue nuevamente por lo que éste concluye el próximo día (...). Llegada la fecha deberá dejar el puesto libre y hacernos entrega de la posesión del mismo», puede leerse en los requerimientos recibidos tanto por el bar-cafetería como por la pollería. «Sin más explicaciones, sin indemnización de ningún tipo, sin nada...», se quejan.

¿Las razones? La propiedad, según dicen, quiere recuperar el espacio y, una vez vacío, darle salida buscando un nuevo alquiler o venta para un supermercado o establecimiento que lo ocupe en su totalidad animados, según sospechan, por la proximidad del nuevo Palacio de Justicia y las oportunidades de negocio que a buen seguro representará para la zona.

«Algo lícito, sí, pero no a costa de las familias que llevan años aquí y que han ido tirando en las buenas y en las malas», sostiene César Martínez, abogado de los comerciantes. Y es que la justicia, aunque hay jurisprudencia en el sentido contrario, ha entendido en el primero de los casos que los contratos «indefinidos», firmados después de la entrada en vigor del 'Decreto Boyer' que venía a modificar la antigua Ley de Arrendamientos Urbanos, no indican necesariamente su carácter permanente -pese a la actualización de rentas y cláusulas relativas a un posible traspaso-.

A no ser, tal y como sentencia, que se incluya expresamente el concepto de prórroga forzosa -una de las figuras más características del proteccionismo legal hacia los arrendatarios que les permitían mantener la vigencia del contrato por nuevos períodos sucesivos conforme éstos llegaban a su término-. «Está en juego el sustento de estas familias y el del emblemático mercado en sí», avisa Martínez.