La Rioja

Fecha de caducidad a la LOMCE

Alumnos de sexto de Primaria examinándose de la 'reválida' el pasado mes de mayo. :: justo rodríguez
Alumnos de sexto de Primaria examinándose de la 'reválida' el pasado mes de mayo. :: justo rodríguez
  • Partidos, profesores y padres reciben con satisfacción el pacto para diseñar la futura ley educativa, que priorice la red pública y que sea integradora

El acuerdo alcanzado el pasado viernes entre PP, PSOE y Ciudadanos para crear una subcomisión que realice un diagnóstico sobre la educación en España, que sirva de base para que el Gobierno elabore un proyecto de Ley de Educación, ha sido recibido con satisfacción, aunque también con cierta incredulidad, entre los sindicatos de profesores, padres y partidos políticos de la región. Las reservas hacia el, de momento, anuncio de intenciones obedecen a que, de formalizarse, sería el primer Pacto de Estado por la Educación en 40 años de Democracia en España y después de siete reformas educativas, que han demostrado la incapacidad de lograr un acuerdo.

El anuncio lo efectuó el pasado viernes el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo y, a la postre, supondrá poner fecha de caducidad a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), al menos, entendida como tal.

Desde el PP en La Rioja, su coordinador general, José Luis Pérez Pastor, no esconde su satisfacción porque se haya dado el primer paso para diseñar un gran texto de consenso «que es lo que llevamos pidiendo en el PP desde siempre» y que «tiene que tener vocación de permanencia». Lo que más le separa del resto de partidos y comunidad educativa es que, en su opinión, la LOMCE, una ley que desde su nacimiento ha vivido envuelta en polémica, es un buen punto de partida, especialmente su preámbulo, donde se dice que el alumnado es el centro y la razón de ser de la educación y se reconoce que: 'Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como país'.

También ayer el diputado nacional por el PP Emilio del Río se refirió al Pacto por la Educación. En una rueda de prensa insistió en que uno de los puntos principales que debe incorporar la ley son medidas para combatir el acoso escolar.

Para Emilia Fernández, diputada regional por el PSOE, el Gobierno se ha dado cuenta, por fin, de que la LOMCE «es una ley muerta». Cree que la creación de la subcomisión es un buen punto de partida porque se va a escuchar a toda la comunidad educativa. Una vez que el futuro texto legal vaya tomando cuerpo, en su opinión, no se debe olvidar que hay que garantizar una financiación de la educación que vaya hacia el objetivo del 5% y que la asignación anual vía presupuestos esté blindada, de esa forma se dará «certidumbre a las familias, al profesorado y al alumnado».

En Podemos, su secretario general, Francisco Javier Garrido, va más allá. La nueva ley educativa no sólo debe ser fruto del consenso entre partidos políticos, sino que «debe nacer del debate de la comunidad educativa». El nuevo texto debe recoger medidas que favorezcan la creatividad, el espíritu crítico y el respeto por los derechos humanos y el medio ambiente, debe preservar las lenguas cooficiales e incluir la materia inteligencia emocional.

Desde Ciudadanos, Diego Ubis, portavoz del grupo parlamentario, considera que «vamos en la buena dirección» porque «poner de acuerdo a los grandes partidos y que después de 40 años hayan sido capaces de sentarse es un paso importante». A su juicio, la nueva ley debe incidir en aspectos como la educación de 0 a 3 años, en la gratuidad de los libros de texto, recuperar el prestigio del docente y liberarle de la excesiva carga burocrática en favor de la didáctica porque, al final, «los niños son plastilina en manos de los profesores».

Mikel Bujanda, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en La Rioja, exige situar en el eje del pacto el derecho a la educación y para ello cree que es necesario que se recuperen los niveles de inversión educativa anteriores a la crisis -9.000 millones de euros- en una legislatura y fijar en el horizonte como objetivo el 7 % del PIB en inversión educativa. A su entender, también sería preciso avanzar hacia la universalización de la educación de 0 a 18 años y reforzar la igualdad de oportunidades, eliminar las tasas en los niveles universitarios y recuperar los puestos perdidos a través de un 'plan de empleo' que rompa el techo de la tasa de reposición.

En ANPE, su portavoz, José Manuel Reinares, ve con buenos ojos el acuerdo alcanzado aunque a partir de ahora «tendrán que limar sus asperezas». ¿Cómo tiene que ser el nuevo texto? «Debe ser una ley nueva que recoja lo mejor de la LOE y de la LOMCE» y, en su opinión, sería importante que recogiera una reforma del sistema desde Primaria hasta Bachillerato que persiga atajar el abandono. La lista de sugerencias de ANPE incluye, además, el Estatuto del Docente, que se priorice la enseñanza pública y se impulse la vertebración y cohesión del sistema porque «no puede haber 17 sistemas diferentes».

Eduardo Rojas, presidente de FAPA-Rioja, muestra sus reservas sobre el acuerdo alcanzado y tiene pocas esperanzas de que finalmente fructifique. En cualquier caso, asegura que para la elaboración de la nueva ley es preciso contar con expertos de forma que se arroje como resultado «un sistema público de calidad, en el que también tenga cabida la educación privada pero priorizando la pública».

Para la CONCAPA «es una gran noticia». Su presidente, Carlos Torres, cree que «la educación es un asunto lo suficientemente importante como para que el acuerdo se alcance con sentido de responsabilidad». A su juicio, no se trata de imponer el modelo mayoritario, «sino de integrar a todos, percibiendo la diversidad como un signo de la libertad de enseñanza... y, además, como un valor enriquecedor y positivo para el sistema educativo y para el conjunto de la sociedad». Esa misma libertad «contribuirá a alcanzar las cotas de calidad educativa que nuestra sociedad requiere y nuestros jóvenes merecen».