La Rioja

Un informe jurídico del Parlamento concluye que la ILP de protección animal no debió admitirse

Un informe jurídico del Parlamento concluye que la ILP de protección animal no debió admitirse
/ JUAN MARÍN
  • La letrada de la Comisión de Agricultura entiende que el texto trata materias excluidas de las competencias de la Comunidad y la Mesa no controló la legalidad

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de protección de los animales que el Parlamento de La Rioja acordó tomar en consideración en el pleno celebrado el 28 de abril no debió ser admitida a trámite. Así al menos lo sostiene la letrada del Parlamento y asistente técnico de la Comisión de Agricultura, Esther Serrano, en su prolijo informe elaborado en la actual fase de alegaciones previa a su materialización dadas las «irregularidades procedimentales» observadas. El análisis jurídico llega después de que la Cámara aprobara avanzar en la ILP en un debate fuertemente polarizado entre animalistas y defensores de la tauromaquia en la sesión que concluyó con el voto a favor de la oposición y el único rechazo del PP. Todo ello, después de recabar 24.000 firmas aunque sólo se validaron algo más de las 6.000 requeridas.

En su estudio y con carácter previo al abordaje de la proposición de ley, la jurista concluye que está excluida de la ILP la protección o bienestar de los animales ya que la Comunidad Autónoma carece de competencias estatutarias en este materia. Algo que sí concurre en el caso de Andalucía y Cataluña, los dos modelos en los que promotores de la región se han mirado para impulsar su afán. Abundando en ese punto, Serrano alude a varios antecedentes. Entre ellos, una iniciativa similar calificada a principios de año en el Congreso que fue inadmitida «en términos absolutos» y que, a su juicio, tampoco debería prosperar aquí.

En su argumentación, el informe recopila otra amplia batería de ámbitos contemplados en la proposición de Ley pero en los que la Comunidad no es competente. Desde materias relativas al Derecho Civil y Mercantil (la nulidad de cualquier transacción sin que conste la identificación del animal), el Penal (prohibición de realizar prácticas sexuales en las que el animal sea víctima) o el Laboral (obligaciones de los conserjes, porteros, guardas y encargados de fincas respecto a los animales que residan en los lugares donde presten sus servicios).

La autonomía local es otra de las esferas que se vulneran. Según la jurista, a las obligaciones y servicios atribuidos ya a los ayuntamientos, la ILP establece otros nuevos con un agravante: carecen de dotación presupuestaria suficiente y, además, se deshabilita a los consistorios en su capacidad coercitiva.

Las dudas legales se extienden también a la legislación procesal y sancionadora, así como a la libertad de empresa y legislación de contratos del sector público. Especialmente en la redacción del punto de la proposición de Ley (artículo 15) que insta a que la gestión de las funciones atribuidas a los municipios deban concertarse «sólo y con carácter excluyente» con las protectoras de animales con título de entidad colaboradora.

En materia económica, la iniciativa señala que el departamento autonómico responsable deberá destinar los ingresos procedentes de las sanciones por infracciones al fomento de la protección de animales y establecerá dentro de su presupuesto programas de ayudas a entidades colaboradoras. «Sólo corresponde al Gobierno de La Rioja determinar cuál es el destino de los gastos e ingresos en la elaboración del presupuesto», rebate al respecto la letrada.

El informe avisa de que en la tramitación no se procedió a publicar la posición del Gobierno, a pesar de que la creación de nuevos servicios supondrá un aumento de costes para la Consejería de Medio Ambiente. Igualmente, cree un motivo añadido de inadmisibilidad que la ILP verse sobre materias diversas «carentes de homogeneidad e inconexas».

«Criterios políticos»

A la vista de los vicios que observa, concluye que la Mesa del hemiciclo estaba obligada a realizar un control de legalidad sobre la ILP que debería haber llevado a echarla atrás. Afirmando desconocer por qué no fue así, cree que el máximo órgano de la Cámara «incurrió en un error en la calificación de la propuesta que ha derivado en que el pleno, basándose en criterios políticos o de oportunidad, tomara en consideración la iniciativa». Como colofón, dice que de seguir la tramitación la norma estaría pendiente de un juicio de constitucionalidad, aunque sólo el pleno podría decidir paralizar el proceso. Según las fuentes consultadas, el letrado mayor presentará en breve un estudio propio avalando la legalidad del procedimiento seguido.