La Rioja

«Hay que otorgar más iniciativa a los procuradores en la fase de ejecución»

José María Cid, decano de los abogados de Logroño.
José María Cid, decano de los abogados de Logroño. / JONATHAN HERREROS
  • josé maría cid, Decano de los abogados de Logroño

José María Cid, el decano del Colegio de Abogados de Logroño, reconoce la mayor, que el incremento de causas vinculadas a demandas contra las entidades financieras ha disparado la carga de trabajo de los juzgados del orden civil. En cualquier caso, considera que en ocasiones se les achaca «con cierta profusión» el colapso de los juzgados. Así, defiende que no necesariamente las sentencias contra las entidades bancarias son las que han hecho repuntar el número de fallos pendientes de ejecución: «El problema del retraso en las ejecuciones es de todas las sentencias. Afecta a todas, si bien la causa para la administración puede ser la sobresaturación derivada de los procesos bancarios», explica.

Una posible solución, recuerda, pasaría por una reforma pendiente, que es la de «otorgar a los procuradores de una mayor iniciativa en la ejecución. A través de ellos se podrían realizar embargos y actuar con más inmediación».

José María Cid asume que la ejecución es siempre una fase bastante complicada. «Normalmente hay un porcentaje muy pequeño de gente que quiere cumplir con las sentencias», explica Cid a la hora de hablar el retraso en las ejecuciones civiles. Más allá de eso, casi siempre exigen cierta labor investigadora. «Si alguien es condenado al pago de una cantidad y no quiere pagar, comienza un proceso de averiguación patrimonial. Hay que solicitar información de cuentas bancarias, los inmuebles, los vehículos... Es complicado».

En el caso de las entidades bancarias, una sentencia condenatoria puede retrasarse un tiempo. Más si hay que esperar un hipotético recurso. En cualquier caso, explica Cid, «las ejecuciones de las sentencias de los bancos no se suelen retrasar mucho». Otra cosa, tranquiliza, es lo que sucede con las sentencias penales. «Está el Ministerio Fiscal que es el encargado de que se cumplan las sentencias. Con los ingresos en prisión, los cumplimientos de arrestos domiciliarios y órdenes de alejamiento no suele haber problemas. Otra cosa es el cobro de la responsabilidad civil derivada del delito. Cuando el pago está vinculado a la suspensión del ingreso en prisión se logra, en otros casos es más difícil».