La Rioja

Bayo asegura que firmar la propuesta de suspensión de la Lomce sería prevaricar

  • Sólo es posible 'aparcar' la Ley Wert con un recurso de inconstitucionalidad o derogando la norma y «ninguna de las vías está en manos del Ejecutivo», explica el consejero

El informe redactado por los Servicios Jurídicos del Ejecutivo riojano, a petición de la Consejería de Educación, sobre la resolución del Parlamento que pedía suspender la Lomce, concluye que La Rioja no puede paralizarla. El desenlace ya se sabía, de hecho se dio a conocer en el último pleno de la Cámara el pasado 30 de septiembre, pero no habían trascendido las razones que conducen a esa rotunda negativa.

Con este objetivo, el consejero de Educación, Abel Bayo, compareció ayer a petición propia en la Comisión de Educación para desgranar los detalles del informe a la oposición, que no son otros que las tesis que el propio titular de Educación ha venido defendiendo en los últimos meses para no 'aparcar' una ley que lleva el cuño del exministro José Ignacio Wert.

Siguiendo el hilo argumental, explicó que las vías de suspensión de la Lomce son dos: plantear un recurso de inconstitucionalidad o derogar la ley, «pero ninguna de estas posibilidades está en manos del Ejecutivo autonómico», avanzó.

Reconoció que tanto el Gobierno de La Rioja como el Parlamento regional tienen competencia y legitimación para interponer recursos ante el Tribunal Constitucional, pero el plazo para hacerlo es de tres meses a partir de la publicación de la ley y la Lomce se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 10 de diciembre del 2013. «Por tanto, se ha pasado con creces el plazo y el Gobierno de La Rioja no puede seguir esa vía».

Respecto de la otra opción que frenaría el avance de la Lomce, y que no es otra que derogar la propia ley, Bayo explicó que «aquí no podemos hacer nada» porque es una competencia que tiene el Parlamento de la nación y, en definitiva, las Cortes Generales. «Hagamos lo que hagamos la ley es la ley y no nos queda más remedio que aceptarla», sentenció.

A la vista de las conclusiones del informe, el consejero entiende que la única forma de dar cumplimiento a la resolución del Parlamento, presentada por el grupo socialista y aprobada pese a la negativa del PP, sería incumplir una norma plenamente vigente. «Más claro me parece que se llama agua», apostilló. «Yo no puedo firmar algo que sé de entrada que no es legal porque eso sería prevaricar y sé que ustedes no quieren que prevarique y yo no estoy por la labor de prevaricar».

Recordó que la propuesta de resolución aprobada es instar al Gobierno de La Rioja a que suspenda la aplicación de la ley. «No dijeron nada de instar al Ejecutivo regional a que inste a su vez al Gobierno de España, lo que dijeron fue lo que dijeron y uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios». Finalmente, llamó a la calma y a no crear incertidumbre a las familias y recordó que el Ministerio tiene que publicar antes del 30 de noviembre la orden con las características de las pruebas de reválida.