La Rioja

La Rioja «no tiene competencia» para paralizar la LOMCE, según Educación

  • El informe jurídico encargado por el Gobierno protagoniza el debate sobre la ley educativa en el Parlamento

El consejero de Educación, Formación y Empleo, Abel Bayo, ha asegurado esta mañana que el Gobierno riojano "no tiene competencia" para "derogar, suspender o paralizar" la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). De hecho, ha indicado que cuando se aprobó una resolución en el Debate sobre el Estado de la Región para su paralización, se pidió un informe jurídico, desde el Ejecutivo regional, que ha avanzado va en el "mismo sentido" expresado por el consejero.

Bayo ha respondido de este modo a varias preguntas sobre esta Ley, planteadas por el portavoz de 'Ciudadanos', Diego Ubis, y por la diputada del PSOE, Emilia Fernández. El consejero ha apuntado que, su departamento, "sigue manteniendo el mismo criterio", que al ser una Ley orgánica "no tiene competencia para suspender o derogarla".

Ubis, por su parte, ha recordado que la Ley "no es una solución a los problemas educativos del país", por lo que ha insistido en que se llegue a un Pacto educativo, que de "haber sido realizado por técnicos estaría hecho en seis meses". También ha pedido que aclarase "cómo van a ser las reválidas" o las pruebas "a las que los alumnos han de enfrentarse", ya que se está generando "inseguridad" en el sistema, según recoge la agencia Europa Press.

Fernández, ha insistido en la idea que todo lo que rodea a la LOMCE es "delirante", desde su origen, ya que fue una norma que "nació muerta", porque, entre otras cuestiones, "no contó con el consenso" y fue "muy contestada" en la calle. Ha criticado que a estas alturas del curso "los docentes no conocemos los modelos de examen y los contenidos".

En su respuesta, Bayo ha reiterado la idea de que el Gobierno riojano "no tiene competencias" para su "derogación", al tiempo que ha avanzado que en la comparecencia solicitada, explicará con profundidad lo que indica, en este sentido, el informe jurídico pedido por el Ejecutivo de la región. Ha recordado que las leyes que se "aprueban", han de "respetarse", al tiempo que ha señalado que hasta el 30 de noviembre hay plazo para "definir cómo van a ser esas evaluaciones".