La Rioja

La nueva Ley de Enjuiciamiento deja impunes muchos delitos informáticos

La nueva Ley de Enjuiciamiento deja impunes muchos delitos informáticos
/ JUAN MARÍN
  • Las denuncias, si son por estafas de poca cantidad, no pasan de Comisaría y se quedan en 'papel mojado' porque no hay un sospechoso

Crecieron como la espuma y desde el pasado mes de diciembre, la entrada de asuntos en los juzgados riojanos, especialmente los relacionados con los delitos informáticos, se ha frenado notablemente. La responsable de este nuevo viraje es la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor a finales del pasado año. La memoria de la Fiscalía del 2015 acusa directamente de esta nueva situación a la actual redacción del artículo 284 de esta norma.

El nuevo texto introduce la obligación de que haya que identificar al autor del delito para que la Policía traslade el caso a los juzgados. «Cuando no exista autor conocido del delito la Policía conservará el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo», dice textual, salvo que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la corrupción.

Sea como fuere el malestar ha llegado a la Fiscalía que en su memoria explica que a lo largo del 2015 se había producido un «notabilísimo incremento» de los delitos cometidos por Internet, los atestados que acababan en los juzgados «aumentaron muy significativamente». De hecho, a lo largo del año pasado se incoaron 281 procedimientos judiciales y tres años atrás 110, es decir, en ese tiempo se han incrementado el 155%. Dentro de este tipo de delitos y como consecuencia lógica de la proliferación de las compras por Internet, las estafas son las que más han crecido, de las 54 que se contabilizaron en el 2012 se ha pasado a las 210 del 2015.

Pero diciembre marcó un punto de inflexión. Desde la entrada en vigor de la reforma del citado artículo, «se ha producido una auténtica paralización en el envío de dichos atestados», subraya la Fiscalía en su memoria anual. Y aunque la reforma influye en todo tipo de delitos, es en los informáticos en los que su incidencia es mayor por la dificultad de encontrar un sospechoso, el anonimato de las redes favorece que muchas de las denuncias, sobre todo cuando son por estafas de poco dinero, queden luego en 'papel mojado' y nunca lleguen a judicializarse.

«Las que todavía no tienen un sujeto o un sospechoso no nos llegan, cuando la Policía no tiene más que una denuncia y no sabe quién es el denunciado no lo manda a la Fiscalía, entonces se produce la paralización y cuando averigua quién es el sospechoso o el denunciado sí que nos lo envían», explica el fiscal superior de La Rioja, Enrique Stern.

Antes, en cuanto tenían constancia de la denuncia, la remitían a los juzgados, entonces se producían muchos sobreseimientos provisionales hasta que la Policía hallaba al sospechoso. «Ahora no nos lo manda, a veces nunca porque no se encuentra al autor y otras cuando han encontrado al responsable».

La repercusión de esta medida que introdujo el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se hará notar este año y previsiblemente se reflejará en la memoria del 2016. No obstante, Stern ya maneja sus estimaciones. Si lo normal en años anteriores era que se instruyeran unas 5.000 diligencias previas al año de todo tipo de delitos, este año calcula que no se superarán las 1.500.

No es la única traba con la que se topan los delitos informáticos, la colaboración internacional también influye a la hora de conocer o no al autor del supuesto crimen. Y es que no todos los países están abiertos a facilitar información.

Es habitual que si, por ejemplo, el dinero estafado a través de Internet termina en alguna de las repúblicas de la antigua Unión Soviética el caso acabe en vía muerta. «Ahí finaliza la investigación porque nadie te da datos», afirma Stern. Lo mismo ocurre con una web de pornografía infantil si está alojada en el servidor de alguno de estos países. Lo más probable es que el delito quede impune por la ausencia de colaboración.

Los plazos, otro escollo

Tampoco este es el único quebradero de cabeza de la Fiscalía, ni mucho menos el mayor. La que en la memoria califican de «principal preocupación de la plantilla», se refiere a la de fiscales de La Rioja, se debe a la aplicación de otro de los artículos reformados y en vigor desde el pasado mes de diciembre. En este caso es el 324 de la misma ley que, al igual que en el caso anterior, aunque influye en todo tipo de delitos, en los informáticos adquiere especial protagonismo.

Se refieren, en la Memoria, a los nuevos plazos de instrucción o mejor dicho al recorte en los periodos de instrucción que se limitó a seis meses el pasado mes de diciembre y como mucho a 18, prorrogable por como máximo otro periodo similar, en las causas más complejas.

«La crítica a la nueva regulación es unánime y se espera que sea derogada», reza textual la memoria de la Fiscalía. Los nuevos plazos «unidos a la aplicación informática de Lexnet hacen demasiado artificioso el trabajo que hasta ahora era sencillo. Lejos de facilitarlo, lo que está haciendo es complicarlo muchísimo», apunta el fiscal superior de La Rioja. De ahí que confía en que sea derogado, máxime cuando «creo que no es una pieza fundamental de la política del partido del Gobierno».

Stern se muestra muy crítico con la medida que sólo afecta a la Fiscal-ía y no interfiere, por ejemplo, en la labor policial. «No tienen plazo para confeccionar el atestado. Pueden iniciarlo y continuarlo durante ocho meses, por ejemplo, si hay que investigar un blanqueo de capitales o se persigue a un traficante de drogas. Es normal que tarden tanto tiempo», explica. Luego el fiscal prepara la calificación con plazo acotado y la traslada al juzgado donde tampoco hay límite de tiempo. «Es absurdo que ni al principio ni al final esté limitado», por tanto, «o rebajamos el nivel de garantía de las pruebas o vamos a aumentar las absoluciones». Basta un ejemplo, «asegurarnos de que el sospechoso estaba en el lugar del crimen, si hay que oficiar a la operadora de telecomunicaciones, de entrada ya son cuatro meses».