La Rioja

El fiscal mantiene la petición de 20 años para los supuestos asaltantes de Lardero

Los tres acusados, custodiados por la Guardia Civil. :: j. rodríguez
Los tres acusados, custodiados por la Guardia Civil. :: j. rodríguez
  • Las defensas ven insostenible la acusación de detención ilegal y piden la libertad de sus clientes o, en todo caso, una condena de 3 años y medio por robo

Tras una última sesión de casi seis horas, el proceso que se sigue contra los tres acusados de asaltar un chalet de Lardero y de llevarse, según les acusa el Ministerio Fiscal, 45.000 euros, el juicio quedó visto para sentencia. El de ayer fue el epílogo de un proceso que se suspendió el pasado 7 de septiembre después de que el Ministerio Fiscal tildase de «fundamental» la declaración de dos agentes de la Guardia Civil que habían excusado su presencia al estar de vacaciones.

Ayer, ya de vuelta a la rutina laboral, los dos agentes -que fueron el instructor y el secretario de la investigación- recordaron en la Audiencia cuál fue su trabajo tras el asalto y cómo se fue construyendo la investigación. Así, el instructor, cuya declaración vino a corroborar el secretario, explicó que fueron dos las vías principales de investigación: una, la que abordaba la posibilidad de que alguien hubiera venido a España desde Panamá para cobrar una presunta deuda de 600.000 euros y, la segunda, que alguien del entorno de las víctimas que conociera esas circunstancias utilizara la información para obtener un rédito económico. «Pronto se abandonó la línea de Panamá y nos centramos en la investigación de la furgoneta de alquiler y un Peugeot 407 azul», que presuntamente emplearon los asaltantes.

Esos datos les llevaron hasta A.H.R., «que había alquilado una furgoneta y tenía un Peugeot 407 azul». Los agentes también explicaron que las víctimas les pusieron sobre la pista de R.J.R., cuya relación con A.H.R. pronto fue evidente y que, además, era una de las personas que podría conocer la situación familiar al ser tío y cuñado de las víctimas. La conexión con el lugar de los hechos, los agentes la basaron, además de en las imágenes de diferentes cámaras de vídeo, en el recorrido de los móviles que presuntamente -los suyos no se emplearon y se ubicaron en sus residencias- usaron los asaltantes: «Se activaron el día antes, fueron de Salamanca a Laguna de Duero y a Lardero y después de los hechos se desactivaron».

Tras las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil que dirigieron la investigación, llegó el turno de los informes de conclusiones. Todos fueron contundentes y todos se mantuvieron en sus posiciones iniciales salvo el Ministerio Fiscal que cambió ligeramente los hechos para asegurar que una tercera persona no identificada acompañó a A.H.R. y a R.A.F.L.C. en el asalto a la vivienda mientras que R.J.R. -el familiar de las víctimas- se quedó fuera vigilando para evitar ser identificado.

Al margen de esa modificación, el Ministerio Fiscal defendió que en este caso los acusados deben responder, por un lado, de tres delitos de detención ilegal y uno de robo por los que mantuvo una petición de 20 años de prisión. Además, para R.J.R. pide oros dos años de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas. También negó la aplicación de la atenuante de consumo de estupefacientes.

Las defensas, muy críticas con el fiscal, negaron la mayor. Su argumento, más o menos compartido, aseguraba que los tres eran inocentes y que ninguno de ellos acudió al chalet de Lardero el día del asalto. En esa línea, los letrados vinieron a sostener que no hay prueba alguna y que la acusación está construida a partir de una acumulación de indicios que ni siquiera están probados.

Pero en esas defensas hubo matices. Así, el letrado de R.A.F.L.C. insistió en demostrar la ausencia de una detención ilegal -quizá porque las huellas de su cliente aparecieron en un ramo de flores si bien aseguró que esa prueba no tenía validez- al entender que esta duró únicamente el tiempo necesario para cometer el robo. Por eso, y como mal menor, solicitó que si la sentencia es condenatoria, lo sea por un delito de robo y con una condena máxima de 3 años y 6 meses de prisión.

A esa misma petición, de manera subsidiaria, se adhirió la letrada de A.H.R., que en cualquier caso negó los hechos y dijo que la inconsistencia de la declaración de la víctima -«que no tenía clara ni la cantidad de dinero que le habían robado», expuso- fue de tal entidad que hunde toda la acusación.

Por su parte, el letrado de R.J.R. defendió que aún más sangrante es la situación de su cliente, al que nadie reconoció y cuya imputación se basó en unos mensajes que intercambió con una persona no imputada.