La Rioja

Rubio, durante la entrevista concedida a Diario LA RIOJA.
Rubio, durante la entrevista concedida a Diario LA RIOJA. / Justo Rodriguez

«En la decisión del G9 no hay rebeldía sino prudencia y afán de dar certidumbre»

  • julio Rubio, rector de la Universidad de La Rioja

  • Defiende el sistema común de admisión consensuado esta semana en Logroño, negando cualquier cuestionamiento de la Lomce o politización

Sin anuncio previo, el grupo G9 de universidades, que agrupa a los centros públicos que operan solos en sus respectivas comunidades y en el que se encuadra la UR, acordó el miércoles pasado en la reunión mantenida en Logroño consensuar un sistema común de admisión para el curso 2017-218 similar a la PAU. Un blindaje, según su lectura, a la confusión generada por la reválida que contempla la Lomce y las divergencias mostradas en diferentes comunidades. El rector, Julio Rubio, detalla los pormenores del acuerdo en la confianza de que pueda extenderse al resto de campus lanzando un mensaje de «tranquilidad» ajeno a derivadas políticas.

¿A qué obedece el acuerdo de estas nueve universidades que agrupan a más de 200.000 alumnos?

El objetivo esencial es enviar un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa. El curso comienza y, debido a las vicisitudes políticas, ahora mismo no se sabe cuál es el procedimiento por el que se va acceder a la universidad ni está clara la estructura de la prueba final de Bachillerato (reválida). Dentro de la Lomce, el decreto de julio dice que a final de noviembre estará la reglamentación precisa, pero a eso se añade toda la interinidad institucional, las comunidades que han dicho que van a recurrir el decreto... El G9 trata así de actuar en la medida de nuestras posibilidades, que es en la admisión de alumnos aportando seguridad a los interesados.

¿En qué consiste técnicamente el acuerdo?

Busca establecer unas normas generales que, por una parte, no introduzcan ninguna novedad frente a lo que ya era conocido sobre años anteriores con la misma estructura de puntuaciones que tiene la PAU y, por otro, nos aísle de cómo vaya a ser realmente la prueba de acceso que se vaya a realizar en cada comunidad. Esa validez para cualquier escenario es, precisamente, la principal virtud del acuerdo.

¿Es por lo tanto más partidario del sistema que ha regido hasta ahora?

La cuestión no es que estemos más de acuerdo con el actual modelo o el que se pueda llegar a concretar. No opinamos al respecto. Se trata exclusivamente de contrarrestar el 'ruido' existente ahora, que genera una tensión social que no beneficia a nadie. El G9 al que pertenece la UR se compromete a que habrá una prueba, ya que no se va a admitir a estudiantes sólo porque tengan el título de Bachillerato, y sólo una prueba. En otras palabras: si hay reválida, nos valdrá, y en el caso hipotético de que se suspendan las reválidas, sí que habría prueba de nuestras universidades que ya le puedo anunciar que será tan similar a la PAU como sea posible.

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¿Cuánto hay de rebeldía en la decisión? ¿Por qué no se publicitó la reunión del G9 en Logroño?

No hay ningún tipo de rebeldía como han interpretado algunos medios, sino prudencia. Y sobre todo, un afán de dar certidumbre. Al ser un grupo coordinado, es el G9 el que decide la política de comunicación. Si no se anunció no es por secretismo, sino porque era un encuentro muy técnico que ha cogido aire mediático por las fechas en las que nos encontramos y las dudas que existen. Lejos de la rebeldía, lo que ha imperado es la neutralidad. No decimos que haya que cumplir o no la Lomce; o que las reválidas sean malas o buenas. Sólo que habrá una prueba, que las consejerías determinarán cómo va a ser y que con esa prueba, cogeremos como hasta ahora el 60% y el 40% hasta 14 puntos. Otra muestra de que no esconde ningún tipo de contestación es que estamos en contacto continuo con la Consejería, informando mutuamente de las novedades.

¿Subyace algún interés político? La decisión coincide en el tiempo con la petición del Parlamento de La Rioja de paralizar la Lomce.

En absoluto. El consejero ha reconocido que deben elevarse consultas jurídicas para saber si eso tiene recorrido y en otras partes se ha ido más allá anunciando que serán los propios ejecutivos los que recurrirán el decreto. Incluso un acuerdo tan técnico como éste ha exigido una negociación muy dura porque los gobiernos de las regiones donde están las universidades del G9 son muy dispares. Hemos tratado de crear un 'cordón sanitario' respecto a la política, de forma que el acuerdo no sea inadmisible por ninguna de las universidades en relación con sus respectivas comunidades.

El texto ha sido elevado a la Conferencia de Rectores. ¿Qué posibilidades existen de que lo acepte y pueda extenderse al resto de universidades?

El documento lleva circulando en forma de borrador desde el 2014, de forma que confiamos en que pueda asumirse. No obstante, también somos conscientes de que la gran disparidad entre el G9 está más acentuada en la CRUE y Madrid o Andalucía tienen mucho peso. En todo caso, el esfuerzo que hemos realizado no ha sido pensando sólo en nosotros, sino en que todas las universidades puedan verse reflejadas.

¿Y si no se admite? ¿No podría provocarse el efecto contrario a la homogeneización que se busca?

La opción que usted plantea es improbable. Si no se asume este acuerdo no supone que vaya a salir otro, sino que será el documento sobre el que haya que trabajar porque interesa a todos que se mantenga el distrito universitario único y los alumnos puedan moverse por todo el territorio. Ese es un objetivo prioritario para las universidades públicas.