La Rioja

El Gobierno pedirá dos informes jurídicos para conocer su capacidad de suspender la Lomce

Un grupo de alumnos durante una de las últimas pruebas de la PAU celebrada en la Universidad de La Rioja el pasado mes de julio. :: justo rodríguez
Un grupo de alumnos durante una de las últimas pruebas de la PAU celebrada en la Universidad de La Rioja el pasado mes de julio. :: justo rodríguez
  • Los sindicatos educativos y los representantes de madres y padres dudan de la efectividad de una proposición que llegan a tildar de «brindis al sol»

El Gobierno de La Rioja ya trabaja en el mandato que el miércoles recibió del Parlamento autonómico. Entre las resoluciones aprobadas en el Debate sobre el Estado de la Región figuraba una que, con el número 134, rezaba: «El Parlamento insta al Gobierno de La Rioja a la suspensión de la aplicación de la Lomce».

«Tenemos la intención de cumplir lo que se ha adoptado en el Parlamento de La Rioja, pero hay que ver en qué medida podemos llevarlo a cabo», asegura el consejero de Educación, Abel Bayo, que recuerda que el Ejecutivo regional «respeta profunda y sinceramente tanto la ley como los acuerdos y propuestas que se adopten en el Parlamento regional», si bien, en este caso, albergan «muchas dudas de cómo llevarlo a cabo». Por eso, apunta el consejero, «vamos a pedir un informe a los servicios jurídicos del Parlamento y otro a los de la Comunidad Autónoma para ver cuál sería el mecanismo que desde La Rioja podemos poner en marcha para suspender una Ley Orgánica que, además, incluye en su articulado el calendario de implantación. Entendemos que es algo que excede de las competencias de la Comunidad Autónoma ya que una Ley Orgánica sólo puede cambiarse con otra Ley Orgánica».

En el hipotético caso de que los informes jurídicos dieran al Gobierno regional el visto bueno legal, también tendrían que circunscribir qué parte o partes de la norma se puede suspender. En cualquier caso, es preceptivo el informe: «Podría ser que, si suspendemos la ley, estuviéramos incurriendo en una invasión de competencias, que nos dijeran que es una metedura de pata legal y podrían, incluso, llevarnos al Tribunal Constitucional».

Alicia Romero UGT

«Evidencia que es una ley sin consenso»

Desde FETE UGT, Alicia Romero explica que, sin conocer el recorrido que pueda tener la proposición aprobada con el apoyo de los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos y Ciudadanos, el hecho de que saliera adelante «evidencia que la Lomce es una ley que no tiene consenso y que fue aprobada de manera unilateral por el PP». «Aplaudimos esa iniciativa», reiteraba Romero, que recordaba que «en la anterior y fallida legislatura todos los grupos presentaron una moción en el Parlamento nacional pidiendo la paralización de esta ley». «Seguramente a efectos prácticos todo seguirá igual», augura Romero que, en cualquier caso, defiende la necesidad de «minimizar los efectos que pueda tener».

José Manuel Reinares ANPE

«Es un brindis al sol. Se trata de una Ley Orgánica»

Desde ANPE Rioja, José Manuel Reinares es el más contundente y el más claro: «Podemos estar de acuerdo con la petición que ha hecho la oposición, pero se trata de un brindis al sol ya que es una Ley Orgánica en la que quien tiene la competencia para derogarla no es la Comunidad Autónoma sino el Estado». Con esa premisa, Reinares recuerda que «desde ANPE ni nos gusta la norma ni la apoyamos», pero reitera que «es una Ley Orgánica que está en vigor. Tanto el Gobierno como la Consejería de Educación tendrían que aclarar y despejar las incógnitas sobre si se van a aplicar o no este año las reválidas».

Mikel Bujanda CCOO

«El Gobierno debe hacer caso al Parlamento»

Desde CCOO, Mikel Bujanda da por hecho que la propuesta de suspender la Lomce nacía con nula efectividad. «No sé qué virtualidad va a tener, pero es difícil que tenga efectos ya que el Gobierno regional va a tener una excusa. Respecto a las reválidas de ESO y Bachillerato, en julio se aprobó un Real Decreto y eso permitirá a las comunidades ponerlo en marcha por imperativo legal». En cualquier caso, Bujanda cree que es positivo que «los representantes del pueblo riojano hayan pedido al Gobierno que no aplique una norma ante la incertidumbre que se está creando con esa aplicación. El Gobierno debe hacer caso al Parlamento de La Rioja y tendría la conformidad también de la comunidad educativa. Así se ganaría en seguridad jurídica», completa Bujanda.

Eduardo Rojas FAPA-Rioja

«Creemos que no tendrá mucha repercusión»

En FAPA-Rioja también se comparten las dudas sobre el recorrido que tendrá la propuesta de la oposición aprobada este miércoles en la Cámara regional. «No sabemos mucho de leyes, pero no creemos que esto vaya a tener mucha repercusión. En todo caso sería la no implantación de lo que todavía falta por poner en marcha, que será algún pequeño fleco», argumenta Eduardo Rojas, presidente de FAPA-Rioja. «El escenario sería diferente si el acuerdo se hubiera tomado a nivel nacional o se acordara revocar la norma, ya que eso sí obligaría al Ejecutivo de La Rioja a tomar una decisión», sentencia Rojas.

Carlos Torres Concapa-Rioja

«La noticia preocupa en el inicio del curso»

Desde Concapa-Rioja, Carlos Torres hacía un llamamiento «a la reflexión» de las consecuencias de una hipotética paralización y «sin entrar a valorar la competencia para paralizar una Ley Orgánica, la noticia sorprende y preocupa a un día del comienzo del curso con los libros comprados y la programación realizada, independientemente de que no estemos de acuerdo con alguno de los aspectos de la Ley». Así Torres reclama «un Pacto Educativo focalizado en conseguir una Educación de calidad, lejos de intereses políticos y partidistas que garantice los derechos fundamentales».