El jurado se encierra hoy para deliberar sobre las acusadas de allanamiento

Enfrente de esa representación, ayer volvieron a estar los nueve miembros del jurado que hoy recibirán el llamado objeto del veredicto -el documento que recoge los puntos sobre los que se tienen que pronunciar y declarar probados o no probados- y se encerrarán para buscar el quórum necesario con el que bien condenar a L.M.G.O., de 53 años, y su hija T.H.G., de 21, como autoras de un delito de allanamiento de morada -el fiscal retiró ayer su acusación sobre la falta de hurto-, o bien defender su no culpabilidad.

Antes de ese encierro, ayer se celebró la segunda de las sesiones. Fue rápida y con una hora de descanso entre declaración y declaración dada la ausencia -justificada o no- de varios de los testigos propuestos. Fiscalía y defensa renunciaron a ellos para evitar la suspensión de la vista.

Quien sí compareció fue el cerrajero que instaló en la vivienda un candado a petición de la denunciante, la mujer que había alquilado el piso y que había contratado a L.M.G.O. para que cuidara de su tío enfermo. «Es algo muy habitual», dijo antes de excusarse por no recordar casi nada. Mejor memoria demostró (tras leer el expediente, confesó) el geriatra del Hospital de La Rioja que trató al tío de la denunciante. Recordó que estuvo ingresado entre 14 y 15 días y que L.M.G.O. acudía con cierta regularidad, lo que vendría a avalar la tesis de las acusadas en lo que a las fechas se refiere.

La última declaración fue, por videoconferencia, de quien fuera abogada de la presunta víctima. Residía en Madrid, pero a ella le pidió consejo. «Percibí su miedo y su angustia. No sabía qué hacer y tenía miedo de que le hicieran algo. Yo, realmente, tenía miedo de que le pasara algo».

Y completado el turno de los testigos, el jurado asistió al último alegato de fiscal y defensa. Unas conclusiones más didácticas que nunca, mucho más parecidas a una clase de Derecho que de costumbre. «La morada es un concepto sagrado» arrancó el fiscal -mantuvo su petición de 3 años de cárcel- para recordar que lo que protege el delito de allanamiento de morada es la intimidad, no la propiedad y que eso es lo que vulneraron las acusadas que, recordó, «reconocieron que no se fueron de la casa porque no estaban de acuerdo». El fiscal apeló a la generosidad de la denunciante - «dio alojamiento, desayuno, comida y cena a la hija [T.H.G.] a cambio de nada»-, apuntó que quizá la Policía Local no valoró bien la situación cuando, en primera instancia, acudió a ellos la víctima, si bien los agentes nacionales que las detuvieron hicieron lo correcto en una situación que, defendió, no requería de un proceso de desahucio.

Esa, precisamente, fue una de la tesis del abogado defensor, que volvió a pedir su absolución. Dijo que madre e hija estaban «en precario» y que esa figura exige un proceso de desahucio. Así, vino a defender que la invitación a residir en el piso convirtió la vivienda en su morada, de igual manera que lo era de la denunciante. Y, a partir de ahí, el letrado trató de presentar a la presunta víctima como una persona mentirosa acusándole de faltar a la verdad cuando declaró sobre el contrato laboral o cuando aseguró ante la Policía Nacional que era víctima de amenazas. Todo por una razón: había decidido que su tío, tras salir del hospital, regresara a la residencia de mayores. «Mi clienta ya no era necesaria».

El jurado será el que decida.