La exgerente de la agencia de viajes acepta dos años por su estafa

El Ministerio Fiscal solicitaba cinco años de cárcel, pero modificó su escrito de acusación después de que R.B.A. abonara, aproximadamente, la mitad del dinero estafado. En cualuqier caso, para evitar la cárcel, la acusada deberá presentar un aval que garantice el pago del resto de indemnizaciones.

Los hechos

Los hechos que se han juzgado se remontan a los años 2011 y 2012. Según explica el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, R.B.A. fue hasta marzo del 2011 franquiciada, encargada y responsable de la agencia de Viajes Ecuador ubicada en avenida Juan Carlos I de Santo Domingo de La Calzada y, desde esa fecha y hasta que traspasó el negocio a finales de octubre del 2012 -pocos días antes de ser detenida por la Guardia Civil-, de la agencia Barco Travel Tours.

Durante todo ese tiempo, R.B.A. siempre según la versión de la Fiscalía, fue gestando una estafa a través de diferentes vías y métodos de actuación. En un primer momento, dice el fiscal, y aún bajo el sello de Viajes Ecuador, R.B.A. «ordenó directamente o a través de otras agencias [...] el cargo en las cuentas corrientes de numerosos clientes, sin conocimiento ni consentimiento por parte de éstos» de diferentes cantidades. La suma de esos cargos, varios de los que devolvió en efectivo para evitar la denuncia, ascendió a 52.410 euros.

Posteriormente, «poco después de que la acusada comenzara su andadura en Barco Travel Tours», pidió a un conocido que gestionaba una agencia en Alpedrete (Madrid) que le tramitara todas las reservas de billetes, a lo que este accedió. Así, según el fiscal, la acusada le facilitó numeraciones y fechas de caducidad de las tarjetas de crédito de quienes habían sido sus clientes para hacer diferentes cargos. Estos, al ver los pagos, ordenaron la devolución, por lo que generó un agujero en las cuentas de esa agencia de 15.824,79 euros.

Posteriormente, entre enero y julio del 2012, varios de los clientes que reservaron con R.B.A. algún viaje tuvieron problemas con la agencia ya que, dice el fiscal, la ahora acusada cobraba al viajero una señal o el importe total del servicio o billete contratado cuando, realmente, o no lo reservaba o bien procedía a anularlo quedándose, eso sí, con el dinero. De este modo logró 18.100 euros que nunca devolvió.

El fiscal, además de los cinco años de prisión, también le exigía la devolución de 51.942 euros a los 23 clientes que, siempre presuntamente, consiguió estafar.