La Fundación Tutelar vela por el interés de 321 adultos incapaces de regirse solos y de 111 menores desamparados

A 30 de abril pasado, la Fundación velaba por la guarda y protección de los derechos y bienestar de 321 personas adultas entre tutelas, curatelas, que suman 265 (128 mujeres y 137 hombres), y medidas provisionales (29). Todos ellos tienen un denominador común, o bien padecen problemas mentales o no pueden regirse por sí mismos y tampoco cuentan con una red familiar que pueda o quiera hacerse cargo de ellos.

Es este organismo el que, una vez que los jueces han dictado la incapacitación legal de los ciudadanos, se encarga de gestionar su patrimonio, sea éste una pensión o bienes más cuantiosos, y de velar porque tengan las necesidades básicas cubiertas. Los casos llegan a la Fiscalía a través de las familias o de los servicios sociales y son los jueces especializados quienes, a partir de informes médicos y sociales, determinan si hay que proceder a la incapacitación legal de la persona para evitar que alguien abuse de ella o dilapide su dinero. Si no hay familiares dispuestos, los jueces designan como tutor a la Fundación.

Sólo el año pasado, según información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), en los juzgados de Logroño, Haro y Calahorra se sentenció la incapacidad de 184 personas, 182 un año antes y 171 en el 2013. Los años más prolijos en cuanto a asuntos sobre la capacidad de las personas en los juzgados riojanos fueron el 2012 con 259 asuntos y 368 en el 2011.

Pero éste es prácticamente el final de un proceso de largo recorrido que en numerosas ocasiones, sobre todo en el de personas mayores que viven solas o con otro familiar también mayor e incapaz de atenderle, comienza en un centro hospitalario. Una red de trabajadores sociales alerta de posibles situaciones de riesgo y a partir de ahí, el personal sanitario, pero fundamentalmente enfermería, deriva a los pacientes que consideran que necesitan una valoración social.

Menores y perfil

Además de las tutelas y curatelas, en los cuatro primeros meses de este año la Fundación administraba los bienes de 111 menores de edad en situación de desamparo. En estos casos, es la Comunidad Autónoma la que tiene la tutela de los pequeños.

En el 2015, año completo, la mencionada entidad pública tenía la tutela de 225 adultos y de 35 la curatela, que es cuando la persona conserva cierto grado de autogobierno y autonomía que le permite adoptar las decisiones más sencillas sobre su persona o bienes. Sea como fuere, es una cifra que ha ido 'in crescendo' desde la creación de la Fundación en el 2003.

Teniendo en cuenta los datos, el perfil mayoritario es el de una mujer, de edad comprendida entre 65 y 85 años, con algún tipo de deterioro cognitivo, que cobra una pensión de entre 400 y 650 euros y reside en un centro para la tercera edad de titularidad pública. De hecho, de todas las personas tuteladas por la fundación sólo el 20% continúa residiendo en su domicilio, el resto permanece en diferentes centros, ya sean de salud mental, de discapacitados o incluso de tercera edad privados. A estos últimos se recurre provisionalmente cuando no quedan plazas vacantes en las residencias públicas.