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Luis J. Ruiz
Viernes, 27 de mayo 2016, 00:58
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La comunidad musulmana de La Rioja presentó en la tarde de ayer en el registro de la Delegación del Gobierno en La Rioja más de 600 firmas de padres de alumnos de todas las edades que quieren recibir clase de islam en sus centros educativos. No es una reclamación nueva. De hecho el año pasado diferentes organizaciones presentaron en los registros de Educación y del Gobierno regional firmas que respaldaban una petición similar.
Marian Aretio, portavoz de la comunidad musulmana, explicaba en las puertas de la Delegación del Gobierno que se trata de un derecho... y no precisamente nuevo. «Es un derecho que tiene más de 24 años», apuntaba tras recordar que deriva de los acuerdos suscritos por el Estado español en 1992 con las diferentes comunidades religiosas. «La ley dice que si en un centro público hay más de 10 alumnos que piden esta enseñanza se tiene que conceder», defendió recordando que esto no es un debate de islam sí o islam no, sino una cuestión de derechos no reconocidos.
Las cuentas que hace la comunidad musulmana aseguran que sólo en Educación Primaria hay en los centros educativos de la región unos 3.300 alumnos que profesan el Islam y que podrían estar interesados en recibir esa formación. Según nuestros datos, en La Rioja podría haber hasta 85 centros en los que se podría impartir la religión islámica», explicaba Aretio, que rechazaba las respuestas dadas hasta la fecha desde el Ejecutivo regional ante demandas similares: «No vale la excusa de falta de profesorado. El 90 por ciento de los docentes especializados en islam están en paro. Hay una bolsa de empleo de la Comisión Islámica de España, que es la que nombra a los profesores, que como sucede con los de religión, tienen que estar capacitados pedagógicamente y tener estudios universitarios».
Rodeada por varios niños con los que serían sus libros de texto, la portavoz de la comunidad musulmana recordaba que los temarios ya están aprobados para los diferentes niveles educativos y que en otras comunidades autónomas ya se está impartiendo la materia, entre ellas, País Vasco y Aragón. «Es un agravio comparativo para estos alumnos cuando, por ejemplo en Oyón, se está impartiendo sin ningún tipo de problema. Queremos que el Gobierno y la Consejería atiendan la petición de esta parte de la comunidad educativa y exigimos responsabilidad política», dijo. «Ante la inoperatividad de la administración nos hemos visto obligados a recoger firmas, a movilizarnos para explicar a los padres que se trata de un derecho», completó.
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