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CCOO exige que cese la petición del certificado de penales a los docentes

La Federación de Enseñanza de la central presenta una queja a la Defensora del Pueblo en la que cita expresamente a la comunidad riojana

LA RIOJA

Miércoles, 2 de diciembre 2015, 00:56

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La Federación de Enseñanaza de CCOO a nivel nacional informó ayer de que ha presentado una queja al Defensor del Pueblo contra la petición por parte de organizaciones privadas y alguna entidad pública de que los profesionales de la educación, entre otros, tengan que presentar un certificado de antecedentes penales para poder trabajar con menores.

El Ministerio de Educación y las comunidades, tal como informó ayer Diario LA RIOJA, acordaron el 6 de noviembre garantizar que ningún condenado por delitos sexuales con sentencia firme trabaje en centros educativos y, para ello, todos sus empleados deberían acreditarlo. Educación lo propuso para aplicar la Ley de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en vigor desde el pasado agosto. Una medida que la Consejería de Educación del Gobierno riojano ha comenzado ya a aplicar requiriendo un certificado de antecedentes penales a los docentes de nueva incorporación.

El sindicato pide que se deje de pedir tal certificación por las patronales de la enseñanza privada concertada, de atención a personas con discapacidad, de centros de reforma y protección de menores y de ocio educativo, a las empresas cuyo personal desarrolla su actividad profesional en atención directa al menor y también a la Administración educativa de La Rioja, una de las primeras en poner en marcha esta iniciativa.

«La exigencia del certificado de antecedentes penales es una actuación ílicita que vulnera el derecho a la intimidad del trabajador, así como la Ley de Protección de Datos», señala el sindicato, entre otros argumentos, informó ayer la agencia Efe.

También se infringe, en opinión de la central sindical, el derecho a un proceso justo, dado que empresarios y administración educativa «no son órganos competentes para juzgar los antecedentes de un ciudadano». Asimismo, la Federación de Enseñanza de CCOO entiende que se contraviene el principio de proporcionalidad al limitar el acceso a un puesto de trabajo cuando la ley «en estos momentos no contempla este supuesto, obstaculizando para un tiempo indefinido su acceso a un trabajo efectivo».

Por todo ello, solicita a la Defensora del Pueblo que inste a las patronales de enseñanza, a las empresas cuyo personal trabaja con menores de forma directa y a la administración educativa de La Rioja para que cesen «de inmediato» las peticiones de certificados de antecedentes penales.

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