Hacienda revisará al alza el catastro de una treintena de municipios riojanos

En ambos casos la última revisión realizada se remonta a los años de mayor esplendor del mercado inmobilario, con precios rozando máximos históricos. En concreto, en Arnedo, la última reforma catastral data del 2010 y, por tanto, de acuerdo con el coeficiente de actualización para ese año, fijado en los Presupuestos Generales del Estado para el 2016, es del 0,85, lo que representa una rebaja media del 15%.

En Galilea, la última actualización de este valor se efectuó en el 2007 y para ese año, el coeficiente fijado es del 0,77, es decir, de media la valoración catastral será del 23%. Salvo estos dos, el resto de localidades sufrirán revisiones al alza que implicarán subidas de entre el 6%, como Cuzcurrita y Ochánduri, y el 12% de Torremontalbo.

El grueso de las 29 localidades con revisiones al alza, entre las que se encuentra Haro, hicieron la última actualización entre los años 1990 y 2002 un periodo al que, de acuerdo con los coeficientes previstos en las Cuentas del Estado para el próximo ejercicio, le corresponde una subida del 10%.

La cuestión es si las subidas o bajadas de los valores catastrales de todos los inmuebles de estos 31 municipios supondrá necesariamente el incremento o la rebaja de impuestos como el de Bienes Inmuebles (IBI) o el de Plusvalías. Y aunque el valor catastral es el que se usa como referencia para calcular ambos gravámenes no siempre la subida de uno implica la subida del otro. La última palabra la tienen los ayuntamientos que tienen capacidad para, por ejemplo, no hacer nada y entonces la subida o bajada se trasladará al IBI. También pueden optar por compensar y si hay una subida dejarla sin efecto bajando el tipo de gravamen o al revés. Por tanto, no implica necesariamente una subida o bajada del IBI, aunque lo más habitual es que las alzas se trasladen a la contribución urbana de los ciudadanos. De hecho, en los últimos años se convirtió en la principal fuente de financiación de los ayuntamientos de la región, sobre todo, con el desplome de los ingresos procedentes de la actividad inmobiliaria. En este sentido, el Ministerio de Hacienda promovió diversas modificaciones normativas, como el Real Decreto de medidas urgentes en materia presupuestaria del 2011 que ayudaron a los ayuntamientos a incrementar las cantidades que cobraban por tasas e impuestos a los vecinos de esos municipios.

En Logroño, la última reforma catastral data de 1997 y para el 2016 el Presupuesto municipal aprobado a principios de este mes recoge una rebaja de una centésima en el IBI que pagan los ciudadanos a los que se les aplicará un tipo del 0,59, frente al 0,60 que rige este 2015. También en este caso hay excepciones. Las grandes superficies comerciales con valor catastral superior a siete millones de euros pagarán el 0,64. Las familias numerosas tendrán una bonificación del 30% (régimen general) y del 50% (régimen especial).

La necesidad de la actualización

En el conjunto del país, según detalla el Programa de Gestión del Catastro elaborado por el Ministerio, Hacienda prevé la aplicación de coeficientes de actualización para aumentar el valor catastral en 1.567 municipios que comprenden 7.021.827 inmuebles, y reducirlo en 126 localidades que cuentan con 1.085.053 inmuebles, lo que representa una mejora en la aproximación de los valores catastrales a los valores de mercado en un total de 1.693 municipios con 8.106.880 inmuebles.

Esta revisión responde, de acuerdo con el mencionado programa, a la necesidad de que la Administración tenga, a través del catastro inmobiliario que gestiona la Dirección General del Catastro, una base de datos permanentemente actualizada, en lo que se refiere tanto a las características básicas de los bienes inmuebles, como a su valor. Es decir, el cometido es rectificar unas valoraciones que se han quedado desfasadas.