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En la calle por las deudas de otro

En la calle por las deudas de otro

Una pareja de Hormilla de 72 años verá subastada la casa que compraron sin conocer que tenía dos hipotecas

Roberto G. Lastra

Martes, 15 de septiembre 2015, 10:15

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Una injusticia con cobertura legal. Antonio García Ordóñez, un granadino de 72 años, y Carmelita Monje Jiménez, de la misma edad, han visto cómo su sueño de montar su retiro dorado en Hormilla se ha transformado en un infierno en el que la única puerta de salida es la de la calle.

La pareja, que convive desde el 2012, adquirió en abril de ese año una vivienda de 79 metros cuadrados más planta baja de 20 en Hormilla. Abonaron algo más de 99.000 euros pero mañana, menos de tres años y medio después, se quedarán sin ella. Su delito, haber confiado en el vendedor, M.A.F.N., hijo del dueño legítimo, quien, además de incumplir su compromiso de cancelar la hipoteca que pesaba sobre el inmueble, les ocultó que sobre la construcción pesaba una segunda carga financiera.

La demanda de ejecución por parte de las entidades financieras interesadas hizo desembarcar el asunto en los tribunales, un trayecto queestaba previsto que culminara este miércoles, 16 de septiembre, en el Juzgado número 6 de lo Mercantil, con la subasta. Finalmente, dicha subasta se ha retrasado por un problema de papeleo, pero el proceso sigue adelante: la subasta tardará alrededor de un mes y medio.

Fuentes conocedoras del caso aseguraron ayer a Diario LA RIOJA que «aquí se han juntado las artimañas de un sinvergüenza con la confianza de un hombre bueno e inocente», un diagnóstico que corrobora el testimonio del propio Antonio. «Yo emigré a Bilbao muy joven y trabajé allí durante 53 años. Como tengo una hermana en Arenzana de Abajo, conocía muy bien La Rioja, sobre todo esta zona, por la que solía pasear. Mi sueño era comprarme una casa aquí en Hormilla y pasar los últimos años de mi vida. Cumplí mi sueño, pero mira cómo me ha salido», se lamenta.

La señal

Todo empezó en el 2011, cuando Antonio acordó con el hijo del dueño la compra por 99.167 euros. «Le entregué una señal de 6.000 euros el 20 de mayo, pero le advertí de que hasta marzo del año siguiente no podía entregarle el resto porque tenía mis ahorros a plazo fijo. Sin embargo, el 30 de noviembre me dijo que necesitaba dinero de forma urgente y le di en mano los 15.000 euros que tenía en una cartilla».

Un mes después el vendedor volvió a la carga: «Era diciembre y me explicó que si no reunía 36.000 euros esa misma tarde le echaban de la cooperativa en la que trabajaba. Como me empezó a hablar de sus dos hijas pequeñas, me dio pena porque yo había pasado mis penurias para sacar adelante a mis hijos y accedí a retirar una suma del plazo fijo pese a la penalización; le di casi 37.000 euros. Incluso estando hospitalizado me volvió a llamar para que le diese más, pero le dije que no le podía atender y acordamos que el resto, 42.000 euros, se los entregaría tras la firma ante notario, que se hizo el 27 de abril del 2012. Al salir de la notaría fuimos al banco le entregué el dinero con el que me aseguró que iba a cancelar la hipoteca, pero en un semáforo aceleró y lo perdí porque no conozco Logroño».

«Pese a todo confié en que hubiese cumplido con su palabra, pero cuando fuimos al registro nos enteramos de que la hipoteca no se había cancelado y pusimos el asunto en manos de un abogado», recuerda el jubilado granadino. Pero lo peor estaba por venir, ya que meses después llegó a la casa de Antonio y Carmelita la carta de una financiera de Baleares reclamando los pagos de una hipoteca que había sido suscrita en marzo del 2012.

Imputado por estafa

La primera hipoteca ascendía a 59.000 euros pero al ir a procedimiento judicial, los intereses y costas elevan la cuantía por encima de los 100.000 euros, más del valor real del edificio. Pero es que, además, la segunda, que no se podrá cobrar porque al ejecutar la anterior se purga todo el procedimiento, ascendería a una suma similar.

Aunque el vendedor está imputado por un presunto delito de estafa por el que el fiscal solicita una pena cercana a los 8 años de prisión, su futuro sirve de leve consuelo a la pareja: «¿De qué vale que él vaya a la cárcel si nosotros nos quedamos sin nada?», remachan.

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