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E. SÁENZ
Sábado, 29 de agosto 2015, 22:45
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La Rioja no seguirá los pasos de las siete comunidades que se han 'rebelado' contra el Ministerio y han optado por devolver una asistencia sanitaria plena a los inmigrantes en situación irregular. A ese grupo acaba de sumarse Madrid, cuya presidenta, la popular Cristina Cifuentes, ha avanzado la próxima articulación de un documento específico para que los 'sin papeles' puedan acceder sin coste ni trabas a los servicios de Primaria y Especializada en aquella región. Una decisión que contraviene el polémico Real Decreto de abril del 2012, por el cual se limitó la asistencia gratuita a extranjeros irregulares en aras a la sostenibilidad del sistema, ciñéndola a menores de edad, embarazadas, urgencias y los encuadrados en algún programa de control de enfermedades.
No será el caso en La Rioja, donde la titular de Salud, María Martín, considera más oportuno ajustarse a la legalidad y mantener por ahora el actual esquema: dar cobertura a los ciudadanos extranjeros que así lo requieran y facturar los servicios prestados. Un mecanismo por el cual la comunidad autónoma recaudó en el 2013 -último dato disponible- 325.000 euros, aunque la cifra no desglosa qué parte del importe se refiere a 'sin papeles'. «Lo principal es garantizar la atención, y La Rioja lo ha hecho en todo momento», recalca Martín al tiempo que reclama «prudencia» sobre una asunto altamente sensible.
La posición de 'rebeldía' que ya mantenían Cataluña, Andalucía, País Vasco y Asturias y a las que, tras las elecciones autonómicas, se sumaron Baleares, Cantabria, Aragón y ahora Madrid coincide con dos circunstancias: el anuncio lanzado en junio por el ministro Alfonso Alonso y sin concretar aún de «rectificar» el Real Decreto y cubrir la asistencia en Primaria a los 'sin papeles' y, por otra parte, la reciente advertencia del secretario general de Sanidad de multas millonarias por parte de la UE a las regiones que devuelvan la tarjeta a los irregulares. Para Martín, no se trata de una «amenaza» y se muestra «sorprendida» por la reacción suscitada. «En el propio Consejo Interterritorial ya se habló de estudiar el Real Decreto consensuadamente», subraya para señalar ése como el camino idóneo: homogeneizar los criterios para la atención de ciudadanos irregulares en todas los territorios.
«Y hacerlo sin demagogias», apostilla para recordar que las restricciones implementadas en su día por Ana Mato obedecían a una coyuntura de descontrol por el efecto llamada y riesgo económico para el sistema sanitario, además de los abusos del turismo extranjero. «Debe imperar el sentido común para no repetir viejos errores y entender que la sanidad, además de universal, debe ser sostenible», concluye. Ayer mismo el Ministerio convocó a las comunidades el 2 de septiembre en el Consejo para armonizar la cuestión.
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