«La violencia en Venezuela tiene nombre y apellido, se llama Nicolás Maduro»

Uno de los asaltantes al Parlamento es evacuado por miembros de la Guardia Nacional venezolana. :: Andres Martinez / efe
Uno de los asaltantes al Parlamento es evacuado por miembros de la Guardia Nacional venezolana. :: Andres Martinez / efe

La oposición carga contra el presidente al que consideran como el verdadero inspirador del asalto chavista al Parlamento

MILAGROS L. DE GUEREÑO CORRESPONSAL

la habana. La oposición venezolana, respaldada por la contundente condena internacional al sangriento ataque del miércoles llevado a cabo por partidarios del régimen chavista contra diputados opositores y trabajadores del Parlamento, culpa al Gobierno. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, fue directo: «La violencia tiene nombre y apellido, se llama Nicolás Maduro».

Después de que las imágenes del desconcierto, el humo, personas armadas, los golpes y las patadas contra diputados propinadas en el mismo recinto que representa el poder del pueblo dieran la vuelta al mundo, Borges precisó que «entre las personas que vinieron a irrumpir había periodistas de Venezolana de Televisión (canal oficialista), candidatos a la Constituyente, dirigentes del partido de Maduro. Incluso uno de ellos resultó herido de bala producto del mal uso de las armas. Para nosotros representa la Venezuela que no queremos». Agregó que la Asamblea Nacional se mantendrá firme «para darle al país un mensaje de lucha, ánimo, energía, certeza y que sepa el pueblo que quien está débil es el Gobierno, que tiene que recurrir al miedo de la fuerza bruta y la represión para tratar de doblegarnos».

El ataque fue condenado por la comunidad internacional. La repulsa llegó desde México, Estados Unidos, la Unión Europea, el Mercosur y la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Su portavoz, Elizabeth Throssell, pidió que la investigación imparcial abierta sea «rápida, eficaz e imparcial», al tiempo que condenó y lamentó por los heridos «por civiles armados, así como la destrucción de propiedad».

Henrique Capriles, uno de los principales líderes de la oposición, denunció que el inacabable asalto, que se prolongó siete horas, fue planificado el martes y fue facilitado por la pasividad de la Guardia Nacional Bolivariana que se encargaba de defender el recinto parlamentario. Por ello, sugirió que en el futuro la seguridad dependa de los propios legisladores. «Probablemente la Asamblea tome la decisión de que la seguridad interna sea con trabajadores propios, organizados (...) pero de la puerta para afuera la responsabilidad es del Gobierno», indicó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó de «inaceptables» los hechos y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, los tildó de «barbarie».

Sin legislar

De cualquier manera, el chavismo defiende su derecho a convocar la Constituyente para el 30 de julio. Sus líderes dicen que para buscar la paz, mientras sus adversarios sostienen que el verdadero objetivo es elegir adeptos para continuar en el poder. La oposición se escuda en el poder de la mayoría legislativa que en la practica no puede sacar ninguna ley porque chocan con los decretos presidenciales.

Para contrarrestarlos han convocado a un referéndum para el próximo día 16, que el Consejo Nacional Electoral no autoriza. Una de sus rectoras sostiene que no tiene validez.

La tensión se sintió también en la sede de la Fiscalía. Ayer, mientras antichavistas intentaban marchar al Supremo de Justicia, que amaneció totalmente bloqueado por las fuerzas del orden, la seguridad del Ministerio Público negó el acceso a Katherine Harrington, quien fue nombrada vicefiscal por el tribunal. Cuando llegó a la sede a «ocupar su cargo», se encontró que la plaza ya estaba cubierta por Rafael González, designado por la Asamblea Nacional y la fiscal disidente Luisa Ortega. Según el antichavismo, el incidente constituye otro episodio que agrava la crisis política que vive el país petrolero desde hace más de tres meses y que se ha cobrado hasta ahora 91 vidas.

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