El Reino Unido quiere europeos de segunda

Pero una cosa es lo que plantee el Ejecutivo británico y otra muy diferente lo que finalmente sucederá. Y es que ayer, el negociador jefe del Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, advirtió de que «los derechos de los ciudadanos no son negociables y no habrá excepciones». «No aceptaremos que haya dos tipos de derechos para los ciudadanos europeos», zanjó el jefe de filas del grupo liberal. Sus palabras deberían ser tenidas muy en cuenta en Downing Street, ya que la Eurocámara tiene derecho de veto sobre el futuro acuerdo. No basta con convencer solo a Merkel o a Macron. Todo es mucho más complicado.

La polémica de ayer no tuvo su epicentro ni en Bruselas ni en Londres, sino a miles de kilómetros de distancia. En declaraciones a los medios durante su viaje oficial a China, May se mostró taxativa respecto a este tema. «Para los que vengan después de marzo de 2019, eso será diferente porque estarán llegando a un Reino Unido que ellos saben que está fuera de la UE. No estamos hablando de algo que seguirá y seguirá, nos estamos marchando de la Unión», apostilló.

Su mensaje hay que interpretarlo desde una doble vertiente. La primera y principal, desde un punto de vista interno. Es un mensaje al sector más duro de su partido, que lleva meses acusándole de «blanda». No hay que olvidar que si el populismo triunfó en el referéndum fue usando la inmigración europea del Este como una de sus grandes armas arrojadizas.

Por otra parte, conviene tener muy presente qué sucedió el lunes, el golpe en la mesa de la negociación que dieron los Veintisiete aprobando en solo «dos minutos» la directrices de negociación del llamado periodo transitorio. Lo pidió May y lo tendrá, pero a imagen y semejanza de la UE. Será uno de los peores negocios de la diplomacia británica, que verá cómo deberá acatar todo la legislación comunitaria que ya está en vigor y la que puede aprobarse pese a estar oficialmente fuera del club y sin tener capacidad de decisión. Por tener, no tendrá ni voz.

Además, tendrá que seguir pagando religiosamente sus contribuciones al presupuesto comunitario y seguir acatando la autoridad del Tribunal de Justicia de la UE. A cambio, eso sí, podrá seguir beneficiándose del mercado único y la unión aduanera. Mismos derechos que ahora, pero también las mismas obligaciones. El mensaje de Bruselas es claro: nada cambiará en este periodo, «tampoco lo referido a las personas», como insistieron en remarcar ayer fuentes comunitarias mostrando un contundente rechazo a la propuesta de May.

La Eurocámara se ha erigido en el gran defensor de los derechos de los 3,3 millones de europeos que se verán afectados por esta histórica ruptura (también 1,2 millones de británicos). De hecho, este era uno de los tres grandes temas que se abordaron en la negociación de la primera fase, la que se cerró de forma provisional en diciembre tras cerrar un acuerdo sobre la factura a pagar e Irlanda. Respecto a las personas, acordaron que se respetarían todos los derechos de los comunitarios que lleven más de cinco años viviendo en las islas.