May quiere dos años más en la UE tras el 'Brexit'

Con un tono más conciliador que en el pasado, May afirmó que «aunque la salida de Reino Unido de la UE es inevitablemente un proceso difícil, todos estamos interesados en que nuestras negociaciones tengan éxito». «Creo que compartimos un sentimiento hondo de responsabilidad para que este cambio sea fluido y sensato -añadió- no solo para la gente de hoy sino para la próxima generación que heredará el mundo que les dejamos».

May decidió pronunciar este discurso en Florencia como parte de su mensaje sobre la permanente vinculación de Reino Unido con el resto de Europa. En la ciudad italiana, cuna del Renacimiento, promotora medieval del comercio y de la banca, la líder británica declamó sus palabras en el salón remozado de una antigua comisaría de Policía y ante una audiencia británica envió su mensaje a los socios de la UE y a los electores domésticos.

La primera ministra quiere que este discurso siente las bases para que el Consejo Europeo del 19 de octubre considere que hay 'avance suficiente' en la negociación de los aspectos técnicos de la retirada británica de la UE como para iniciar ya la exploración del acuerdo sobre la futura relación comercial, en la que propone acceso mutuo sin tarifas y un nuevo mecanismo para la resolución de disputas. Quiere también un tratado específico para mantener la cooperación en seguridad.

Los equipos negociadores aplazaron la reunión prevista esta semana para que en la reanudación del diálogo, el lunes, se tenga en consideración la más detallada posición de Londres. Las negociación preliminar se limita a tres áreas: la situación de residentes europeos y británicos afectados por el 'brexit', la factura que Reino Unido tendría que pagar en el momento de la marcha y los efectos en la frontera entre la república de Irlanda e Irlanda del Norte.

Reino Unido quiere una fase transitoria de dos años tras al acuerdo formal sobre el 'brexit' y se compromete a contribuir a los fondos comunitarios durante ese período. La propuesta de May consiste en permanecer dos años en la UE sin ser formalmente miembro de la Unión e introducir gradualmente las modificaciones que permitirían a Reino Unido salir con orden del mercado común y de la unión aduanera.

La líder británica ha emprendido en los últimos días una discreta diplomacia dirigida a otras capitales europeas en la que habría adelantado que su Gobierno está dispuesto a pagar unos 10.000 millones anuales en la transición. Evitarían a los Veintisiete la espinosa reforma de sus contribuciones a Bruselas o la reducción de los gastos presupuestados en el Marco Financiero de 2014-2020.

Esos 20.000 millones se quedan lejos de cifras aireadas en Bruselas, pero no hay claridad legal sobre la obligatoriedad de pagos tras el 'brexit' y sí hay variedad de métodos para contabilizar las cantidades comprometidas en el Presupuesto o con programas específicos, o las pensiones de funcionarios comunitarios; y la garantía de Londres a sus ciudadanos de mantener los pagos de la Política Agraria Común o de los Fondos Estructurales y de Inversión tras marzo de 2019 añaden ambigüedad al cálculo.

El jefe negociador del Consejo, Michel Barnier, ha subrayado en sus discursos -el más reciente lo pronunció el jueves, en Roma, ante el comité de Asuntos Exteriores del Parlamento italiano- que «los compromisos establecidos entre unos y otros» han de definirse «de una manera objetiva», y que la resolución de este aspecto es una cuestión de «confianza para establecer una relación sólida en el futuro».

Las asociaciones de residentes europeos y británicos critican los balances de la negociación publicados sobre este aspecto porque ven sus actuales derechos reducidos, pero May acepta ahora que se incorpore el futuro acuerdo sobre residentes al tratado bilateral y a la legislación británica, de tal modo que los tribunales domésticos tengan esa referencia legal y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE interpretándolos, para resolver posibles disputas.

Dijo May que Irlanda, Reino Unido y la UE quieren evitar la creación de una «infraestructura física» en la frontera que dificulte el movimiento de personas y bienes y cree una llaga en el mapa de la isla, añadiendo fragilidad a los equilibrios logrados en el Acuerdo de Belfast de 1998.