Macron libra la batalla del tren, su primer gran conflicto social

Cientos de personas se agolpan en la estación de París-Lyon, afectadas por los paros del primer día de huelga. :: ludovic MARIN / afp/
Cientos de personas se agolpan en la estación de París-Lyon, afectadas por los paros del primer día de huelga. :: ludovic MARIN / afp

Fuerte impacto en la primera de las 36 jornadas de huelga programadas hasta junio en Francia contra la reforma ferroviaria

FERNANDO ITURRIBARRÍA PARÍS.

Emmanuel Macron libra desde ayer la batalla del tren, el primer gran conflicto social de su mandato estrenado hace once meses. El presidente francés se juega en la contienda con los sindicatos ferroviarios, de demostrada capacidad para paralizar el país, el futuro de su ambiciosa política de reformas liberalizadoras. La mitad del personal necesario para el funcionamiento de los ferrocarriles no trabajó en la primera de las 36 jornadas de huelgas intermitentes programadas hasta junio con el objetivo de frustrar el proyecto de transformar la compañía estatal SNCF en una sociedad anónima con capital público abierta a la competencia europea.

El primer día de pulso sindical registró un fuerte impacto en un servicio utilizado a diario por 4,5 millones de viajeros, la mayoría para acudir al trabajo en los trenes de cercanías. En promedio solo circularon uno de cada ocho convoyes de alta velocidad TGV y una de cada cinco unidades regionales. Aunque el porcentaje de huelguistas fue del 33,9%, inferior al 35,4% alcanzado el 22 de marzo en la jornada de protestas de los funcionarios, los trastornos en toda la red fueron notables ya que el 77% de los conductores y el 69% de los controladores se ausentaron de sus puestos de trabajo.

La movilización ferroviaria se vio reforzada por los paros en la compañía aérea Air France y en los sectores de la energía y el tratamiento de basuras. Además, persiste el descontento por la pérdida de poder adquisitivo entre los pensionistas y los funcionarios mientras se multiplican los bloqueos de facultades en París, Toulouse, Burdeos y otras ciudades por estudiantes en lucha contra la ley que modifica el acceso a la universidad. En este agitado contexto social, el proyecto de reforma ferroviaria presentado el 14 de marzo por el Gobierno comenzó a ser examinado en comisión por los diputados para ser debatido a partir de próximo lunes por el pleno de la Asamblea Nacional y someterse a una primera votación el 17 de abril. «El statu quo no es aceptable. Respeto el derecho constitucional a la huelga pero los millones de franceses que quieren ir a trabajar también deben respetados», declaró en la sesión de control parlamentario el primer ministro, Edouard Philippe, quien recordó la enorme deuda de 54.400 millones de euros que arrastra la SNCF.

El Ejecutivo amenaza con recurrir a los decretos, como hizo en otoño sin apenas resistencia con la reforma laboral, para sacar adelante algunos aspectos del proyecto acuciado por la fecha límite fijada por Bruselas el 25 de diciembre de este año para transponer la directiva sobre la liberalización de las líneas regionales de viajeros desde 2019 y de los TGV desde 2020. Esa apertura a la competencia será progresiva hasta 2033.

«Dogmatismo ideológico»

Los sindicatos se oponen a una reforma encaminada a «destruir el servicio público ferroviario por puro dogmatismo ideológico». Sus principales líneas rojas son la contratación de nuevos empleados al margen del estatuto específico de la SNCF y la transformación de la compañía en sociedad anónima por considerarla el presagio de una futura privatización.

El estatuto laboral garantiza a los 146.000 trabajadores el empleo vitalicio, una Seguridad Social y una jubilación ventajosas así como la gratuidad de los billetes y tarifas reducidas para sus familiares. El Gobierno confía en que arbitre a su favor una opinión pública molesta por los agravios comparativos y un servicio de calidad a la baja por los constantes retrasos, las frecuentes averías y los accidentes, incluso mortales, relacionados con las carencias en el mantenimiento.

De momento los franceses se muestran divididos pese a que progresa el apoyo a la huelga, aunque es minoritario. El 53% de las personas interrogadas en un sondeo publicado el domingo juzga la movilización injustificada frente a un 58% hace quince días. El mismo estudio revela que el 51% de la población desea que el Gobierno culmine la reforma y el 71% piensa que no cederá a los huelguistas.

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