La justicia internacional examina al chavismo

El tribunal de La Haya inicia una investigación preliminar para analizar un posible exceso de violencia al reprimir las protestas

M. LÓPEZ DE GUEREÑO

Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), anunció ayer el inicio de «exámenes preliminares» sobre la situación vivida en Venezuela de abril a agosto del año pasado para evaluar «presuntos crímenes» Aclaró que tomó la decisión tras estudiar el caso venezolano desde 2016 y tras la revisión «cuidadosa, independiente e imparcial de comunicaciones e informes».

Sin mencionarlo, parece basarse en la denuncia formulada por la exfiscal Luisa Ortega, quien cayó en desgracia y huyó al exilio tras enfrentarse a Nicolás Maduro por su intento de traspasar funciones de la Asamblea Nacional al poder judicial y por abuso de la fuerza policial. Ya fuera del país, Ortega viajó a La Haya y formalizó su demanda en la CPI. «Han cometido crímenes de asesinato, torturas, encarcelación... así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil», aseguró la fiscal destituida.

Según Bensouda, el trabajo preliminar analizará los presuntos crímenes cometidos en el país petrolero «al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa». Informó de que, por ahora, solo «es una investigación» sin plazos fijos para revisar la información disponible a fin de determinar si existe «fundamento razonable» para realizar una pesquisa conforme lo prescrito por el Estatuto de Roma.

Represión

La fiscal indicó que «se alegó que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que se ha detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención». Además «algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad».

La noticia no es buena para el chavismo -que niega todo- y que ayer veía también cómo el Parlamento europeo rechazaba «por fraudulenta» la convocatoria de elecciones presidenciales fijada para el 22 de abril. La eurodiputada española Beatriz Becerra, exintegrante de UPyD y vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos, dijo que «Europa no es neutral: está con la democracia y con los venezolanos. No a las elecciones fraudulentas de Maduro». La resolución recibió 480 votos a favor, 51 en contra y 70 abstenciones. Los diputados pidieron también más sanciones para el régimen de Maduro.

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