La justicia chavista determinará en cinco días si procesa a la fiscal disidente

Luisa Ortega. :: reuters/
Luisa Ortega. :: reuters

Ortega, que se negó a asistir a la sesión preliminar del juicio, denuncia que «la decisión está cantada»

M. LÓPEZ DE GUERRERO LA HABANA.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, tendrá que esperar cinco días más para conocer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre si procede o no someterla a un antejuicio de mérito que abriría el proceso de su destitución.

La alta funcionaria está enfrentada con el régimen de Nicolás Maduro desde que denunció la inconstitucionalidad de las elecciones previstas para el próximo día 30 para conformar la Asamblea Constituyente que pretende modificar la actual Carta Magna.

Ayer, anticipando que el «ilegal» tribunal la apartará de la jefatura del Ministerio Público, explicó su ausencia de la vista. «No acudí, no voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor, y cuya decisión está cantada. No lo reconozco», dijo al calificar la situación en el país de «golpe de estado grotesco».

La Sala Plena del Supremo de Justicia reunió a una treintena de magistrados para la audiencia solicitada por el diputado oficialista Pedro Carreño, quien al exponer sus razones calificó a Ortega de traidora, señaló que actúa para «congraciarse con quienes la financian. Les vendió su alma al diablo». La acusó también de no tomar medidas contra opositores relacionados con los sucesos violentos que desde hace 93 días se han cobrado la vida de 85 personas.

«Falsos testimonios»

Más fuertes fueron las andanadas del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que atribuyó a Ortega el uso de «falsos testimonios» y le culpó de «injuriar» a sus compañeros del Poder Ciudadano para dañar irreparablemente la institución. El también presidente del Consejo Moral Republicano presentó las actas originales de la preselección de los magistrados supuestamente firmadas por la fiscal como prueba y pidió un examen grafológico.

Saab recordó que al iniciarse el año judicial, Ortega asistió al acto presidido por Maduro, lo que dijo, avalaba la designación de los magistrados. Además pidió que la fiscal, el contralor (interventor) Manuel Galindo y él mismo sean sometidos al polígrafo para «determinar quién ha estado mintiendo de manera descarada».

Por su parte, Galindo rechazó las acciones de la fiscal y propuso un careo entre su persona, Saab, Ortega y la exsecretaria de la Fiscalía María José Marcano, quien había declarado que el proceso de elección de magistrados estuvo viciado de irregularidades y que estos no cumplían con los requisitos para ostentar el cargo.

Ortega estuvo representada por el defensor público Javier Hernández, quien dijo que comparecía «con el firme propósito de asegurar que se respete el debido proceso judicial y derecho de defensa» de su clienta.

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