La huida a Colombia de la fiscal Ortega

La ex fiscal general, Luisa Ortega, en un acto en Venezuela a principios de agosto. :: Federico PARRA / afp/
La ex fiscal general, Luisa Ortega, en un acto en Venezuela a principios de agosto. :: Federico PARRA / afp

La alta funcionaria chavista escapa de Venezuela tras criticar a Maduro y rechazar la nueva Asamblea Nacional Constituyente

MILAGROS LÓPEZ DE GUEREÑO

la habana. Ni la fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz ni su marido, el ahora disidente diputado oficialista Germán Ferrer, estaban en casa cuando agentes del servicio de inteligencia allanaron su vivienda el pasado miércoles. Esa circunstancia les permitió huir del país y pasaron de perseguidores a perseguidos. Actuaron rápido. Un par de maletas y dos días sin revelar su paradero para viajar de Caracas a Paraguaná, en el costero Estado Falcón. De allí, cruzaron en una lancha rápida los 20 kilómetros que separa Venezuela de Aruba, donde embarcaron en un vuelo privado de la compañía Central Charter de Colombia S. A. hacia Bogotá.

El servicio de Migraciones colombiano confirmó que llegaron al capitalino aeropuerto El Dorado, a las 15:30 horas del viernes. No pidieron asilo, pero sí protección, al igual que dos estrechos colaboradores del Ministerio Público (MP), Gioconda del Carmen González Sánchez, subdirectora de despacho de la Fiscalía, y el fiscal anticorrupción Arturo Vilar Esteves. Ambos estarían vinculados con la supuesta red de extorsión a empresarios de la franja petrolera del Orinoco que, según el fiscal Takek William Saab, nombrado por el chavismo al frente del MP, encabeza Ferrer.

La pareja y sus acompañantes disponen de tres meses para decidir si permanecen en el país vecino o buscan otro destino. Hasta ahora, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se ha pronunciado con mucha firmeza contra lo que la mayoría de la comunidad internacional considera ruptura del orden democrático en Venezuela. Sin embargo, si Nicolás Maduro solicita la extradición de los funcionarios podría colocarle en una situación difícil.

La funcionaria y su marido viajaron al país vecino en tres etapas, la última en un jet privado

Los tentáculos de Odebrecht

Luisa Ortega Díaz, una chavista hasta la médula que juró el cargo en 2007 y fue ratificada en 2014, comenzó el camino que le conduciría esta semana al exilio con críticas suaves al régimen, que subieron de tono hasta que se estrellaron con el intento de Nicolás Maduro -fallido tras su firme intervención- de traspasar al Poder Judicial funciones del Parlamento y después convocar sin referendo previo la elección a la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí se terminaron los paños calientes. Fue la primera alta funcionaria en condenar y no reconocer la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) además de acusar a esta institución de violaciones de derechos humanos y al Gobierno de una «ambición dictatorial». La ANC la destituyó el 5 de agosto, un acto que tildó de «deshonroso evento». Y después, su 'sustituto' Saab la acusó nada menos que de ser «autora intelectual» de las 125 muertes ocurridas en las protestas antigubernamentales de los últimos cuatro meses.

Sin embargo, la abogada de 59 años continúa con la lengua desatada. Envió una grabación de audio a la Cumbre de Procuradores y Fiscales Generales de América Latina celebrada en México para vincular a la cúpula chavista con el escándalo de corrupción de la firma brasileña Odebrecht. «Tenemos el detalle de toda la cooperación, montos y personajes que se enriquecieron y esa investigación involucra al señor Nicolás Maduro y a su entorno».

Aseguró que la ANC materializó «el asedio y amenazas» de meses contra los trabajadores de la Fiscalía. «Nuestra institución fue asaltada por más de 300 militares y la policía política», y los empleados, desalojados de forma violenta. Algunos fiscales abandonaron su país «por temor a que atenten contra su vida». Subrayó que a «64 fiscales especializados en corrupción se les dictó prohibición de salida del país. Todo tiene que ver con el 'caso Odebrecht'».

Ortega tachó a su sucesor de «usurpador» e «ilegitimo» y denunció su amenaza de que «aquel que sea solidario conmigo y que me apoye, es cómplice de los delitos que supuestamente he cometido. Es una persecución sistemática en mi contra», dijo la fiscal huída.

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