Las economías ilegales obstaculizan el proceso de paz en Colombia

El ataque de disidentes de las FARC contra una protesta de campesinos certifica que la violencia sigue vinculada a la coca

GONZALO DOMÍNGUEZ BOGOTÁ.

Cuando en Colombia se habla de paz se debe incluir también al narcotráfico, foco de violencia que atrae a disidentes de guerrillas y grupos paramilitares que, como quedó demostrado esta semana, alejan el sueño de un país sin fusiles. Este jueves, en un ataque que ha dejado muchos interrogantes, esa realidad quedó más en evidencia que nunca cuando un grupo armados, al parecer disidentes de la sanguinaria columna Daniel Aldana de las FARC, abrió fuego contra una protesta de cocaleros y se saldó con seis campesinos muertos y 15 heridos, según datos oficiales.

Todavía no está claro qué pasó durante el tiroteo, que se produjo en una zona rural del municipio de Tumaco (suroeste) y el presidente Juan Manuel Santos ha ordenado una investigación completa para conocer, entre otras cosas, cómo reaccionó la fuerza pública. Lo que sí está claro es que la violencia sigue retroalimentándose con la coca, única opción de vida para muchos campesinos como los que murieron el jueves, informa Efe.

Tumaco es, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), la localidad con más hectáreas dedicadas a cultivos de coca en Colombia, considerado primer productor mundial de cocaína. No era ningún secreto que parte de la financiación de las FARC, guerrilla ya desmovilizada y transformada en movimiento político, tenía su fuente en el narcotráfico, un negocio muy goloso que pervirtió el conflicto armado y cuyos tentáculos terminaron por rozar incluso a lo más alto de la política colombiana.

Con las FARC quedaba por ver quiénes se enrocarían en un negocio y unas regiones a las que el Estado intenta acceder con decenas de miles de hombres y mujeres de la fuerza pública. Los primeros en sentirse atraídos han sido parte de los exguerrilleros de las FARC. Unos 400 de ellos no acataron el acuerdo de paz y salieron en busca de un negocio mucho más rentable que el pago de los algo más de 200 dólares durante 24 meses como parte de los planes de reincorporación. El dinero que se genera con el narcotráfico es la explicación plausible por la que el veterano guerrillero conocido por el alias de «Rodrigo Cadete», quien había accedido al desarme, dejó atrás a sus escoltas para unirse a los disidentes. Sin embargo, varias fuentes indicaron a Efe que los disidentes no están particularmente cohesionados entre sí y, además de que no combaten por los mismos territorios, tampoco «trabajan» juntos.

Otro tema esencial son los grupos que han trabado para sacar la cocaína de Colombia hacia los grandes mercados mundiales. Varios estudiosos del conflicto colombiano han indicado que a la zona de Tumaco han llegado grupos de mexicanos que están en contacto con los disidentes comandados por el ecuatoriano identificado con el alias «Guacho», a quien Santos declaró objetivo de «alto valor».

Los vínculos de los carteles mexicanos en Colombia están probados y en varias ocasiones la Policía y el Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) los han demostrado, tanto en relación con las FARC como entre el Clan del Golfo, otro de los grupos que ha sembrado el terror en regiones como el Urabá, fronteriza con Panamá y clave en las rutas del narcotráfico hacia Centroamérica.

Otro de los grupos es un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), desmovilizado en su mayoría en 1991 y dedicado al narcotráfico en el Catatumbo, una selvática región del departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela. Como los disidentes de las FARC y el Clan del Golfo, su violencia se siente en las zonas que controlan y, alimentados por el negocio de la cocaína, siguen sembrando el terror entre la población.

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