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Los hermanos no irán a la cárcel

M. VALENTE

Domingo, 21 de mayo 2017, 00:41

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Expertos en procesamiento de carnes, los hermanos Joesley y Wesley Batista no querían terminar en prisión como Marcelo Odebrecht, dueño del imperio de la construcción. Por eso, los propietarios de la corporación J&F resolvieron poner fin a la connivencia con la dirigencia política brasileña e hicieron explotar la bomba.

En marzo -días antes del escándalo de la 'carne podrida' que conmocionó a la empresa JBS del grupo con un enorme impacto internacional-, Joesley visitó a Temer en su residencia, se reunió con el senador Aecio Neves y con el diputado Rodrigo Rocha. Grabó los diálogos, incluso filmó algunos, y entregó todo al fiscal. La semana pasada la tarea se completó con la delación de los hermanos y otros cinco ejecutivos ante el juez Edson Fachim del Supremo Tribunal Federal. No hubo coacción. Fueron por propia voluntad tras sortear escándalos menores que habían puesto a la Policía en alerta. Las revelaciones fueron escandalosas. Pero los Batista, que transformaron un restaurante familiar en una gigantesca firma de procesamiento de carne con plantas en 20 países, se salvaron.

Puede que Temer deba dejar su puesto más tarde o más temprano. En tal caso, quedará expuesto a la cárcel. Pero los Batista no irán presos. Sólo deberán pagar una multa.

Josley se disculpó por la catástrofe que provocó en una carta pública en la que admitió «errores». Los hermanos reconocieron haber pagado el equivalente a 137 millones de euros para campañas presidenciales, de gobernadores, de diputados y senadores de 28 partidos. Mensualidades, pago de servicios, apertura de cuentas o desembolsos de metálico. Todo valía para acrecentar sus negocios a cambio.

En el caso de Temer, el mandatario pidió el equivalente a 4 millones de euros para la campaña de 2014 que lo llevó como vicepresidente de Dilma Rousseff y se quedó con un millón para sí mismo, según el ejecutivo Ricardo Saud. «Sólo dos tipos robaron para ellos mismos», recordó Saud: uno fue Temer, dijo; otro su ministro de Ciencia y Tecnología, Gilberto Kassab. El ministro recibió 8 millones de euros en 2014 y a partir de allí una mensualidad.

Ahora el ministerio público fiscal pretende que los Batista paguen una multa de unos 3.000 millones de euros, que equivalen al 6% de la facturación del grupo. El viernes los abogados de JBS rechazaron la solicitud y ofertaron 270 millones. Ante la negativa de los fiscales, subieron la propuesta a 380 millones. La negociación continúa. Los procuradores esperan que el castigo por corromper a toda la clase política sea bastante más elevado.

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