La Rioja

La calle no se fía de los políticos rumanos

Sin desmayo. Aguantando a pie firme las inclemencias del invierno, miles de rumanos protestan cada día en la calle desde comienzos de mes. :: robert Ghement / efe
Sin desmayo. Aguantando a pie firme las inclemencias del invierno, miles de rumanos protestan cada día en la calle desde comienzos de mes. :: robert Ghement / efe
  • Solo la insistencia de la protesta ciudadana logró la anulación de un decreto que despenalizaba ciertos casos de corrupción

Los continuos escándalos de corrupción, la precaria situación económica del país -uno de los más atrasados de la Unión Europea-, los conflictos de intereses y la lucha por el poder dentro de la élite política parecen haber colmado la paciencia de la población en Rumanía. El Gobierno socialdemócrata de Sorin Grindeanu retiró el pasado domingo el polémico decreto número 13 que preveía la despenalización de ciertos casos de corrupción justificándolo en el hecho de que ello aliviaría el hacinamiento en las cárceles. El decreto fue la primera iniciativa del nuevo Gabinete, adoptada el 31 de enero por la noche. Al día siguiente, estalló una ola de movilizaciones callejeras, que, en su momento más álgido, llegó a reunir a medio millón de manifestantes en un país con una población de menos de 20 millones de almas. Es, por ahora, la revuelta más importante desde el derrocamiento, en 1989, del dictador Nicolae Ceausescu.

Grindeanu ha soltado lastre con la dimisión, el jueves, del ministro de Justicia, Florin Ioardache, el artífice de la controvertida norma. También se ha anunciado que el presidente del Senado y ex primer ministro, Calin Popescu-Tariceanu, será juzgado por falso testimonio en la investigación de un caso de corrupción. Está a la espera de ser procesado el presidente de la Cámara de Diputados, el líder del Partido Socialdemócrata rumano (PSD), Liviu Dragnea, por empleos ficticios. El decreto invalidado hubiese beneficiado precisamente a Dragnea y a Popescu-Tariceanu.

Sin embargo, en torno a unos 7.000 manifestantes continúan concentrados frente a la sede del Gobierno, exigiendo su dimisión. Muchos de ellos temen que, si la gente se desmoviliza y vuelve a sus casas, las autoridades aprovecharán para reactivar «las medidas de protección a los corruptos» a través del Parlamento, en donde los socialdemócratas ostentan la mayoría absoluta junto con sus aliados, la Alianza de Liberales y Demócratas (ALDE),

Por eso, a petición de la Fiscalía, el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre la medida despenalizadora de la corrupción, para impedir su adopción por los diputados. Según la Fiscalía, «sería suficiente que el decreto 14 -el de la derogación- sea rechazado por el Parlamento para que el decreto 13 entre en vigor».

Que los socialdemócratas controlan la Cámara quedó ratificado el miércoles, cuando Grindeanu, que tiene 43 años y fue investido primer ministro el 4 de enero, esquivó la moción de censura. De los 233 votos a favor que hubieran hecho falta para que progresara, la oposición liberal sólo llegó a los 161. La moción fue presentada por 123 diputados opositores, pertenecientes al Partido Nacional Liberal (PNL) y a la Unión Salvad Rumanía (USR), que instaban en el escrito de la petición a «no legalizar el robo».

Pese a los numerosos casos de corrupción en sus filas, el PSD fue el ganador en las elecciones del pasado 11 de diciembre con el 45% de los sufragios. Lo consiguió con un programa irreal y populista que promete subir el salario mínimo, las pensiones y aumentar el gasto social en un país con un sueldo medio de 420 euros.

Los socialdemócratas regresaban así al poder después de algo más de un año en la oposición. Victor Ponta tuvo que renunciar el 4 de noviembre de 2015 bajo la presión de las protestas que se desencadenaron tras la muerte de 64 personas en el incendio de una discoteca en Bucarest. La ciudadanía relacionó aquella tragedia con irregularidades en el sistema de seguridad que fueron toleradas por funcionarios corruptos. Ahora, al frente del Ejecutivo debería haberse puesto Dragnea, que es el máximo dirigente del PSD, pero no ha podido por estar inhabilitado para ocupar ese cargo a causa de una condena por fraude electoral.

Bajo vigilancia

No obstante, pese a la imagen impoluta de Grindeanu, su Gabinete está acorralado y no sólo por los manifestantes. El presidente del país, Klaus Iohannis, de centroderecha, también cree que él y todos sus ministros deben dimitir. Por su parte, la Comisión Europea ha criticado duramente los intentos del Gobierno de acabar con los progresos en materia anticorrupción logrados en los últimos años y ha advertido que «vigilará de cerca» lo que hagan en adelante las autoridades y el Parlamento.

Rumanía y Bulgaria, los dos estados más pobres de la UE, ya están de hecho bajo una estrecha vigilancia por parte de la Comisión Europea en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación creado en 2007 para supervisar los progresos de ambos países en independencia judicial y en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Cuando ingresaron en la UE no cumplían los estándares exigidos al respecto. Desde 2010, la Fiscalía Anticorrupción de Rumanía ha enviado a la cárcel a más de 3.000 políticos y funcionarios, entre ellos al socialdemócrata Adrian Nastase, que fue también primer ministro.

La agudizada inestabilidad política impide el despegue del país, tal vez el menos euroescéptico de la UE. El redactor jefe del revista rusa 'La Europa contemporánea', Víctor Mironenko, cree que «al tener la posibilidad de viajar por otros países de Europa más desarrollados, los rumanos comparan y son conscientes de que viven peor». Por eso, estima Mironenko, «los interminables casos de enriquecimiento ilegítimo de políticos y funcionarios se perciben con especial irritación».