La Rioja

Trump busca el apoyo popular ante los jueces

El presidente de EE UU, Donald Trump, recibió ayer al primer ministro japonés, Shinzo Abe, en el Despacho Oval. :: Chip Somodevilla / efe
El presidente de EE UU, Donald Trump, recibió ayer al primer ministro japonés, Shinzo Abe, en el Despacho Oval. :: Chip Somodevilla / efe
  • El equipo del presidente envía cartas a los seguidores de la campaña para que firmen a favor del veto

El ímpetu ejecutivo de Donald Trump ha tropezado con un muro muy distinto al que quiere construir en la frontera: el de la justicia. «En los tribunales, la voz que prevalece no es la que más grita, sino la Constitución», le había advertido el fiscal de Seattle Bob Ferguson, que le ha ganado la primera gran batalla en los tribunales. Ante el revés judicial el presidente planea anunciar «nuevas medidas de seguridad» la semana que viene, mientras promete continuar la batalla judicial a través de sus abogados y con el apoyo de sus seguidores.

Aprendiendo de la resistencia, 'Trump Headquarters' escribió ayer a la lista de correos amasados durante la campaña para informar de que los tribunales «federales» se han «interpuesto en el camino» de la orden ejecutiva que impedía «la entrada en nuestro país de gente de naciones comprometidas por el terrorismo islámico radical». Tres palabras en esa frase resonaban poderosamente en el sentir de los trumpistas: el gobierno «federal», bestia negra de la América rural, y el «islam radical», dos palabras que el Gobierno de Barack Obama nunca quiso conectar a la de «terrorismo» para no estigmatizar a los mil millones de musulmanes pacíficos que hay en el mundo.

El tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones concluyó unánimemente el jueves que el Gobierno no ha aportado «ninguna prueba, ni siquiera explicación» de que la entrada de refugiados sirios o ciudadanos de los otros seis países vetados temporalmente -Irán, Irak, Libia, Sudán, Somalia y Yemen- justifique la «urgente necesidad» de reinstaurar el veto. A sus seguidores no les hacen falta pruebas. Según una encuesta de Reuters el 49% de la población está de acuerdo con el veto, frente al 41% que lo rechaza.

El objetivo de los correos que ayer espoleaban a los trumpistas era reunir millones de firmas para demostrar que «el pueblo apoya estas medidas de seguridad nacional». El agresivo lenguaje del presidente en Twitter contra los «llamados jueces», a los que acusa de estar «politizados», ha desatado suficientes amenazas como para que las autoridades decidan reforzar la seguridad de algunos de ellos.

Reescribir la orden

El cuerpo de los Marshals no quiso especificar ayer quiénes habían recibido estas amenazas ni la naturaleza de las mismas. Entre las víctimas más probables se encuentran el juez de Seattle James Robart que el 3 de febrero suspendió de manera cautelar la orden ejecutiva del presidente, y ante el que el Gobierno aún tendrá que defender el caso, tras haber perdido la apelación contra su medida cautelar. Lo más probable es que la Casa Blanca prefiera reescribir la orden ejecutiva de una manera más restrictiva que se adapte al marco legal, «además de continuar la batalla en los tribunales que al final ganaremos», opinó ayer el mandatario.

En la vía judicial puede conformarse con esperar la vista del juez Robart, solicitar una revisión de todo el Noveno Tribunal de Apelaciones a su petición de suspender su medida cautelar o requerir al juez del Supremo Anthony Kennedy que revise la decisión del Noveno Tribunal de Apelaciones que cae bajo su jurisdicción. Incluso si Kennedy acepta el caso, el Gobierno necesitaría de cinco votos para prevalecer, cuando actualmente el Supremo está salomónicamente dividido entre cuatro progresistas y cuatro conservadores, al tener un asiento vacante. En caso de empate prevalecería la decisión que emitió el Tribunal de Apelaciones.

Trump dijo ayer haber aprendido en estas tres semanas en el cargo que «hay tremendas amenazas» contra el país que demandan «hacer algo rápidamente». De ahí que se espere una nueva orden ejecutiva que sustituya a la anterior.

Su intento de arrollar en los tribunales ha permitido por ahora clarificar que la capacidad de estos para revisar sus decisiones sobre seguridad nacional e inmigración «está fuera de toda duda», opinó unánimemente el Noveno Tribunal de Apelaciones, y que los derechos constitucionales de EE UU se aplican incluso a los extranjeros que aún no han pisado su territorio. Dos pilares legales que ya puso a prueba el Gobierno de George W. Bush en los casos relacionados con Guantánamo. Paradójicamente fue ese presidente el que nombró a dos de los jueces que han frenado la orden ejecutiva de Trump, el juez Robart de Seattle y el juez Richard Clifton del Tribunal de Apelaciones de San Francisco.

Otros jueces del país se han manifestado también, con carácter local, en contra de la orden ejecutiva para «Proteger a la Nación de la Entrada de Terrorismo Extranjero» que en su semana de vigencia sirvió para revocar al menos más de 60.000 visados, según el Departamento de Estado. El juez de Virginia Leonie Brinkema ha requerido una lista de todas las personas a las que se les ha negado acceso. Una información que no han logrado extraer las organizaciones de derechos civiles y que permitirá a empresas y universidades argumentar con nombres y apellidos el daño que el veto le ha causado al país.

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