La Rioja

Cae el 'padre' del decreto para salvar a corruptos en Rumanía

La retirada del decreto ideado para despenalizar casos de corrupción se está revelando insuficiente para terminar con la crisis que vive el Gobierno de Rumanía. La marcha atrás del Ejecutivo de Sorin Grindeanu, acosado por la presencia sostenida de cientos de miles de manifestantes en las calles de las principales ciudades, noche tras noche a temperaturas bajo cero, ni siquiera sirvió para salvar la cabeza del ministro de Justicia, el 'padre' de la polémica medida. En el momento de renunciar, Florin Ioardache todavía defendió su iniciativa como «legal y constitucional».

«Desde que llegué al Ministerio de Justicia me propuse efectuar todos los trámites legales para remediar una serie de problemas existentes y bastante sensibles», dijo Ioardache, que ahora regresa a su escaño de parlamentario para cumplir su quinto mandato. La titular de Asuntos Europeos, Ana Birchall, asume en funciones la cartera de Justicia mientras el primer ministro decide quién será el futuro responsable. Su elección deberá contar con el acuerdo del presidente del país, Klaus Iohannis.

Los 'problemas' que mencionó Ioardache en su adiós aluden a docenas de cargos públicos procesados por corrupción. La operación para blindarlos, que habría beneficiado incluso al líder del gubernamental Partido Socialdemócrata, Liviu Dragnea, no sólo desató la indignación ciudadana con las mayores movilizaciones desde la caída del comunismo, en 1989, sino también críticas internacionales contra el manifiesto retroceso en la lucha contra unas prácticas corruptas endémicas en las instituciones rumanas.

La marcha atrás del Gobierno en su propósito de despenalizar los casos de corrupción que causaran pérdidas al Estado inferiores a los 44.000 euros, además, no ha terminado todavía con la polémica iniciativa. Para que su retirada sea efectiva, el Parlamento rumano debe aprobarlo primero y derogarlo después mediante un decreto. «Es suficiente que el decreto 14 (de la derogación) sea rechazado por el Parlamento para que el decreto 13 entre en vigor», advirtió ayer la Fiscalía General al instar a la Corte Constitucional a pronunciarse sobre la medida. El presidente del Alto Tribunal, Valer Dorneanu, rechazó a la vez la petición fiscal y otra similar del Defensor del Pueblo argumentando que el organismo que dirige sólo se pronuncia sobre «decretos en vigor».