La Rioja

Alemania acelerará las deportaciones

  • El Gobierno federal identifica las 'amenazas potenciales' y pretende centralizar la lucha contra el terrorismo

Anis Amri, el tunecino que arrolló con un camión un mercadillo de Navidad en Berlín el pasado 19 de diciembre causando doce muertos y más de 50 heridos, no es un caso único. Como él, otros 548 islamistas radicales son considerados una 'amenaza potencial' para la seguridad nacional en Alemania, según datos ofrecidos ayer por la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA). De ellos 224 son extranjeros y en 62 casos se trata de personas cuya solicitud de asilo político ha sido rechazada, pero que aún no han podido ser deportados a sus países de origen por falta de documentos que permitan su devolución.

Lo mismo sucedió con Amri, muerto en un enfrentamiento con la Policía italiana tras huir de Alemania, cuya deportación había sido ordenada el pasado verano, pero al que las autoridades tunecinas no enviaron su pasaporte hasta dos días después del atentado, un hecho que el ministerio alemán de Interior criticó con suma dureza. La BKA subrayó que los islamistas considerados 'amenazas potenciales' son sujetos a los que se les atribuye la posibilidad de «cometer graves delitos de motivación política» y detalló que 80 de estas personas se encuentran actualmente en prisión.

La canciller federal, Angela Merkel, anunció ayer un «esfuerzo nacional» para ejecutar las deportaciones de aquellas personas cuya solicitud de asilo ha sido rechazada. «Quien no tiene un derecho de permanencia debe ser devuelto y abandonar nuestro país», afirmó Merkel en la reunión anual de la Federación Alemana de Funcionarios, ante cuyos miembros subrayó que «donde se dicta la ley, también debe ser aplicada esa ley». La jefa del Gobierno germano señaló igualmente que aquellos que, por el contrario, merecen ser protegidos y cuentan con un derecho de residencia deben ser integrados.

Elecciones a la vista

Los datos de la BKA se han hecho públicos coincidiendo con un fuerte debate sobre medidas para incrementar la seguridad nacional y la lucha antiterrorista en Alemania iniciado por el ministro federal de Interior, Thomas de Maizière, y que se ha convertido en tema central de la campaña electoral con vistas a los comicios legislativos del próximo otoño. El político cristianodemócrata y hombre de confianza de la canciller Merkel ha exigido un reordenamiento de las estructuras de seguridad en este país para hacer frente a retos actuales como el terrorismo, los flujos de peticionarios de asilo y el cibercrimen, que pasa por incrementar las competencias del poder central a costa de la cesión de las mismas por parte de los 16 Estados federados, algo que ha provocado la irritación de los gobiernos regionales por lo que consideran una agresión al federalismo. En ese sentido y a la vista de los fallos de coordinación e intercambio de datos entre los responsables de la seguridad nacional y regional que dejó patente el caso de Anis Amri, De Maizière reclama que la Oficina Federal para la Defensa de la Constitución (BfV), responsable del contraespionaje y la lucha antiterrorista, asuma todas las competencias de su área de trabajo a costa de los mismos organismos que existen en cada uno de los distintos estados federados.

El ministro ha exigido igualmente que la BKA tenga el derecho, frente a las diferentes oficinas regionales de investigación criminal, de asumir la iniciativa de ordenar la prisión preventiva de aquellos peticionarios de asilo que han sido rechazados con vistas a su deportación. Para ello propone la creación de «centros federales de deportación» en los que serán internadas aquellas personas que no tienen derecho a permanecer en Alemania y cuya expulsión del país ha sido ordenada por las autoridades de inmigración y atención a los refugiados.

Las propuestas del político cristianodemócrata serán consensuadas hoy con el titular de Justicia, el socialdemócrata Heiko Maas. Este ha propuesto además que la prisión previa a la expulsión para personas consideradas una 'amenaza potencial' pueda prolongarse hasta 18 meses para cerrar un vacío legal. Actualmente ese encarcelamiento solo puede ordenarse si se espera que la deportación se produzca en los tres siguientes meses. Anis Amri solo estuvo retenido tres días en prisión porque Túnez se negaba en aquel momento a proporcionarle documentos.