La Rioja

Los «enemigos del pueblo británico»

La empresaria Gina Miller, que acudió a la Justicia para defender que el Gobierno no puede activar el 'brexit' sin el voto del Parlamento. :: efe
La empresaria Gina Miller, que acudió a la Justicia para defender que el Gobierno no puede activar el 'brexit' sin el voto del Parlamento. :: efe
  • El Tribunal Supremo emite este mes su sentencia constitucional sobre el 'brexit', pero la política dictará el veredicto final

londres. Portada tras portada, discurso tras discurso denunciando a inmigrantes o corrupciones foráneas, editoriales dictando que quienes se oponen a las ideas allí expresadas carecen de patriotismo, describir el resultado de un referéndum en el que 17 millones votaron 'out' y 16 votaron 'in' como la victoria de la gente común frente a una elite liberal. Es la 'Britannia' del 'brexit' promovida por el 'Daily Mail', el 'Daily Express', el 'Sun' y el partido UKIP.

A alguien le iba a tocar en esta farsa el papel de enemigo del pueblo y el gordo cayó en noviembre en el Tribunal Superior, sobre la peluca de los tres jueces que fallaron en Londres que, según las normas y costumbres constitucionales, el Gobierno de Theresa May no puede iniciar la negociación con la UE para la marcha de Reino Unido sin consultar antes al Parlamento.

El tribunal incluía a los dos jueces más importantes del país, pero la imparcialidad de uno, lord Thomas, fue cuestionada por haber pertenecido al Instituto de Ley Europea (IEL) que, con sede en Viena, reúne a abogados, jueces y profesores de Derecho para promover mejoras de la legislación comunitaria. Un dato considerado significativo por el 'Mail' sobre otro juez es su homosexualidad.

«Enemigos del pueblo», decía el titular de su portada y el subtítulo llegaba a la conclusión inevitable, la guerra: «Furia contra jueces 'desfasados', que han declarado 'la guerra a la democracia', desafiando a 17,4 millones de votantes británicos y podrían desencadenar una crisis constitucional». El artículo no atribuía después a nadie las citas entrecomilladas sobre la guerra o el desfase de los jueces. Puro 'Mail'.

Lego, fabricante danés de juguetes, decidió no colaborar en más promociones con el 'Daily Mail'. Es por el momento la victoria más señalada de una campaña - No Financies el Odio (SFH)- que se dirige a las empresas anunciantes en esos periódicos. Así se llegó a la primera semana de diciembre, cuando el Tribunal Supremo vio el recurso del Gobierno contra el veredicto del Superior.

La prensa 'probrexit' ofreció un nuevo retablo de los once jueces del Supremo, que por primera vez iban a ver y fallar juntos un caso. Casi todos eran sospechosos de europeísmo. El 'Mail' preguntó si el presidente del tribunal, Lord Neuberger, no debía abstenerse del caso, pues su mujer publicó en Twitter mensajes favorables a la permanencia en la Unión Europea y a que la negociación del 'brexit' sea votada en el Parlamento.

Plan de negociación

Neuberger reconoció la excepcionalidad del caso subrayando en la apertura y el cierre del juicio que los once jueces del Supremo no fallarán si el 'brexit' es bueno o malo, sino sobre «un importante principio constitucional»; a saber, si el Gobierno puede iniciar una negociación con tales consecuencias legales por una decisión suya, sin voto del Parlamento.

Será importante legalmente, pero en la política del 'brexit' es irrelevante. El Parlamento ya ha suavizado la posición inicial adoptada por el Gobierno de Theresa May, que ha prometido un debate, aunque no el voto, sobre un plan de negociación. Si pierde de nuevo en el Supremo, presentará un proyecto de ley breve y los opositores de May sus enmiendas, pero no hay mayoría en la Cámara de los Comunes para bloquear el inicio de la negociación con Bruselas.

¿Podría complicar el Supremo el futuro del 'brexit'? Según el abogado Jolyon Maugham sólo si entra en el aspecto quizás más extraño del caso. Ambas partes aceptaron ante el Tribunal Superior que la notificación prevista en el Artículo 50 del Tratado de Lisboa es irrevocable, que una vez iniciada la negociación Reino Unido no puede dar marcha atrás. El Parlamento y la población tendrían que aceptar lo que el Gobierno y el Consejo de la UE negocien.

A las dos partes les interesaba políticamente asumir la irrevocabilidad, que evita acudir al Tribunal de Justicia de la UE, la corte que tiene el poder final de interpretar el Artículo 50. Es lo que invoca Maugham en su demanda, interpuesta en diciembre en Dublín contra la Comisión, el Consejo y el Gobierno irlandés, en nombre de parlamentarios europeos.

La demanda es un dragón de varias cabezas -disputa también la autoridad del Gobierno irlandés para quebrar unilateralmente contenidos con deriva europea en los acuerdos firmados con el británico tras el Acuerdo de Belfast de 1998 y la de la Comisión y el Consejo para apartar a Reino Unido de reuniones en las que se trata el 'brexit', si el Artículo 50 no ha sido aún invocado- y facilita un recurso al TJUE.

Una sentencia del tribunal europeo que dijese que una de las partes de la negociación puede dar marcha atrás avalaría el poder del Parlamento británico para votar sobre el 'brexit' que logre May. También abriría una puerta a un segundo referéndum. Sería difícil catalogar de 'enemigos del pueblo' a jueces autores de tal dictamen. Otra cosa es la política, si el pueblo británico querría emprender la marcha atrás.