La Rioja

La Fiscalía quiere juzgar a Sarkozy por su cara campaña del 2012

  • La amenaza judicial surge a dos meses y medio de las primarias en el centro-derecha francés

La Fiscalía de París ha pedido la apertura de juicio oral contra el expresidente francés Nicolas Sarkozy por la presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2012 en la que fue derrotado por el actual jefe del Estado, el socialista François Hollande. El nuevo contratiempo judicial se produce a dos meses y medio de la celebración de las primarias del centro-derecha en las que el líder de la oposición conservadora, salpicado por otros casos de corrupción, busca lograr la investidura de su campo para reconquistar el Elíseo en las presidenciales de la próxima primavera.

La amenaza a la candidatura de Sarkozy se enmarca en el 'caso Bygmalion', nombre de la empresa organizadora de sus mítines. Sus responsables montaron un sistema de falsas facturas para enmascarar que los gastos de la campaña habían rebasado el tope legal, entonces fijado en 22,5 millones de euros. Tras dos años de investigación, los fiscales no tienen pruebas de que el candidato hubiera dado la orden de disimular los excesos o de estar informado de una doble contabilidad. Por eso no le acusan de falsificación, estafa o abuso de confianza. Pero le consideran plenamente responsable de haber instado gastos adicionales con perfecto conocimiento de que se iba a superar la línea roja, como le habían avisado los contables del partido. El desvío presupuestario alcanzó los 23 millones de euros, el doble de lo permitido.

La Fiscalía estima constituido el delito de financiación ilegal de campaña electoral, delito penado con hasta un año de prisión y 3.750 euros de multa por el que Sarkozy está imputado desde el pasado 16 de febrero. En su informe de conclusiones definitivas, subraya que era el principal responsable.

Ahora, los jueces instructores deben pronunciarse sobre la petición fiscal tras oír las alegaciones de las partes en el plazo de un mes. Por el juego de los recursos y el apretado calendario judicial, es materialmente imposible que el juicio, en el que deben comparecer otros trece coimputados, se celebre antes de la primera vuelta de la elección presidencial en abril de 2017.