La presidenta de Brasil promete «resistir» arropada por miles de trabajadores

Dilma, que podría ser apartada de su cargo por al menos seis meses para su enjuiciamiento por el Senado, anunció la ampliación de una serie de programas sociales, entre ellos un aumento del 9% en el Bolsa Familia, el gigantesco plan de transferencias de ingresos para los más pobres. También se defendió de las acusaciones por presuntas maniobras fiscales, que son la base para el 'impeachment'. «Como no tengo cuentas en el exterior, como jamás utilicé recursos públicos para causas propias, como no recibí nunca sobornos ni fui acusada de corrupción, ellos inventaron un delito», sintetizó la presidenta, aludiendo a la solicitud de juicio político aprobada por una mayoría especial de diputados. «No tienen de qué acusarme. Y si no hay base para un 'impeachment', entones lo que hay es un golpe», denunció.

Los brasileños que están contra el juicio realizaron actos en todos los Estados «en defensa de la democracia y en contra del retroceso en los derechos». En Sao Paulo se había previsto que también hablase el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, pero la falta de voz, dijeron los organizadores, le impidió estar presente. En cambio, dirigentes sindicales y políticos advirtieron de que si Dilma es apartada, rechazarán en las calles al Gobierno del vicepresidente Michel Temer, a quien consideran un «usurpador», «traidor» y un «golpista» que los hará retroceder en sus conquistas. La mandataria explicó a la multitud que el proceso contra su persona es «un golpe muy especial». «No es con armas, ni con tanques en las calles. Ellos rompen la Constitución del país porque hace 15 meses perdieron las elecciones», recordó.