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R. C.
Sábado, 13 de febrero 2016, 01:16
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La Unión Europea (UE) ha dado un ultimatum a Grecia. Atenas tiene tres meses para resolver las «serias deficiencias» detectadas en la protección de su frontera marítima con Turquía, por donde llegan decenas de miles de migrantes, una situación que según el bloque pone en peligro el espacio Schengen. Transcurrido este plazo la Comisión Europea (CE) podría ordenar la reinstauración de controles fronterizos en el interior de la zona de libre circulación, como los que llevan a cabo ahora países como Alemania y Austria, durante un periodo de seis meses renovable sin que exceda los dos años. De manera independiente, el Gobierno de Viena hizo pública ayer su disposición a enviar soldados a la frontera entre Macedonia y Grecia, además de unidades de Policía, en caso de que se llegue a cerrar el paso para los refugiados y emigrantes.
En un informe, la CE reconoce la presión sin precedentes a la que está sometida Grecia. En 2015 casi 900.000 personas llegaron a ese país cruzando el mar Egeo desde Turquía. Pero los 28 consideran que, a pesar de su difícil situación, es prioritario que Atenas resuelva algunas fallas -«Un funcionamiento adecuado de la identificación, del registro y de la recepción es indispensable», señalan- para no poner en peligro el principio de libre circulación en el interior del espacio Schengen, uno de los pilares de la construcción europea.
La Comisión identificó 50 puntos a mejorar durante una visita sorpresa en noviembre de 2015 a varios puestos de control, tanto en las islas como en el continente. El Gobierno griego se comprometió a seguir trabajando «de cerca» con las instituciones y países europeos pero recalcó que los hallazgos en la visita de evaluación no anunciada a Chios y Samos, entre otros puntos críticos, «no constituyen graves deficiencias» ni aportan «ninguna prueba de que Grecia esté descuidando sus obligaciones gravemente».
Desconfianza en las islas
Las recomendaciones que dirige la UE al Gobierno del primer ministro Alexis Tsipras -aprobadas con la opinión en contra de Grecia y la abstención de Bulgaria y Chipre- piden mejoras urgentes en los procedimientos de registros de los refugiados, la vigilancia costera, los controles fronterizos, los análisis de riesgo, los recursos humanos y la formación de personal, la infraestructura, el equipamiento y la cooperación internacional. Piden desde más personal en los puntos de recepción de migrantes, más escáneres para la toma de huellas, una verificación adecuada de los documentos de viaje, plazas suficientes de acogida, o medios marítimos y aéreos para la detección de los barcos, hasta una mejor formación en idiomas a los guardias de fronteras, sobre todo en turco e inglés.
Grecia se comprometió a terminar antes de mediados de febrero cinco centros de registro en las islas de Quíos, Kos, Leros, Lesbos y Samos, situadas a pocos kilómetros de las costas turcas. Pero cumplir con este punto, uno de los que le exige la Comisión, está resultando más difícil de lo previsto y la población no ha recibido positivamente la apertura de estas instalaciones.
«Según las normas de la ONU, el centro ofrece comida, alojamiento, atención médica y procede al registro», explica a la agencia France Presse el comandante Klamponis, que dirige las obras de uno de ellos en la isla de Kos. Sin embargo el ayuntamiento, escarmentado por la difusión el verano pasado de imágenes que mostraban a cientos de refugiados deambulando por la ciudad, se opone a su apertura.
Esta isla era el año pasado el destino de vacaciones de 1,8 millones de turistas, según el adjunto del alcalde, David Gerasklis. «Una encuesta reciente sobre las reservas para 2016 muestra que la reducción será del 30%» respecto a 2015, se lamenta. «Los migrantes se quedan entre 24 y 48 horas» en la isla de llegada, según el comandante Klamponis. Pero los 30.000 habitantes de Kos temen que ahora se queden «bloqueados» en la isla por culpa de las reticencias de los otros países europeos a recibirlos, y se han manifestado en varias ocasiones.
«No somos xenófobos o de extrema derecha como se nos acusa», aseguraba en una de las protestas el agricultor Sterios Liampakeros. «Pero tenemos miedo de las enfermedades, de las violaciones», decía. Yannis Mastromichalis, dueño de un hotel, resume el sentir de sus convecinos: «En una isla donde se invierten cientos de millones de euros para el turismo, no podemos crear estos centros sin pedir la opinión a sus habitantes».
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