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Una manifestación recorre las calles de Buenos Aires en protesta por los despidos en la Administración pública. :: reuters
El descontento social pone en aprietos la credibilidad del Gobierno de Macri

El descontento social pone en aprietos la credibilidad del Gobierno de Macri

Argentina estalla ante el encarecimiento de los precios y los despidos masivos de funcionarios vinculados al Ejecutivo de Cristina Fernández

MARCELA VALENTE

Domingo, 7 de febrero 2016, 01:02

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Una creciente conflictividad social por despidos y fuertes aumentos de precios y tarifas amenaza con poner un abrupto final a la luna de miel de los argentinos con el Gobierno derechista de Mauricio Macri, que asumió la presidencia hace casi dos meses. Con el argumento de desvincular de la Administración pública a trabajadores incorporados por razones políticas durante la gestión de Cristina Fernández (2007-2015), el Ejecutivo reconoció haber cesado ya a más de 6.000 empleados públicos. Los gremios aseguran que son muchos más.

La Asociación de Trabajadores del Estado ha convocado una huelga nacional para el 24 de este mes en protesta por los despidos y la detención de dirigentes, y reclaman un aumento salarial. Sobre este último punto, se registra un generalizado malestar por el alza de precios, en algunos casos sin justificación y en otros avalados por el nuevo Gobierno, que devaluó la moneda en un 40%, suprimió impuestos a la exportación y anunció la eliminación de subsidios a las tarifas de servicios públicos.

Con la quita de subsidios, la electricidad sube alrededor del 500%. Y si bien se consideró mantener una tarifa social para los más vulnerables, también la aumentan. Para el servicio de gas, se analiza otra reducción de las ayudas que otorgaba la Administración anterior y que resultaban en tarifas mucho más accesibles que las que se perciben en Brasil, Chile y Uruguay, como indicaba la propia factura en un cuadro comparativo.

Según el Ministerio de Modernización -un nuevo organismo creado por Macri- se están revisando 24.000 contratos de trabajo, de los cuales 6.200 fueron ya dados de baja. Ese número sólo refiere a ministerios, pero hay además organismos descentralizados en los que se están produciendo cesantías y lo mismo ocurrió en el Senado, donde se dejó en la calle a 2.000 trabajadores contratados, según la Cámara, en 2014 y 2015.

«La revisión continuará hasta marzo», advirtió el ministro de Modernización, Andrés Ibarra. Los gremios estiman que el total de personas expulsadas en los 80 días de Gobierno de Macri son ya más de 20.000, y en muchos casos se denuncia persecución política, ya que se revisan opiniones de los empleados en las redes sociales y se pide colaboración de los gremios para identificar a agentes que provienen de agrupaciones políticas afines al kirchnerismo.

En materia de precios, lejos de mejorar, el panorama empeoró en los últimos meses. Desde que Macri ganó en segunda vuelta, los comerciantes comenzaron a subir precios a la espera de una devaluación y la inflación se aceleró en noviembre. Después de la depreciación, los incrementos continuaron. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, reconoció que el tema de los precios es el que más le preocupa porque «golpea los bolsillos de la gente», pero aseguró que con la menor emisión de moneda se irá controlando.

La guerra de la carne

Prat Gay admitió «excesos», por ejemplo, en el precio de la carne. El Ministerio de Agricultura estudia importar carnes para hacer que bajen, pero hasta el momento no ha concretado nada y en cambio pidió a los consumidores abstenerse. La incertidumbre se agudiza porque la nueva gestión del instituto de estadísticas no da cifras. La excusa para el apagón de datos es que el Gobierno anterior tenía intervenido el organismo y manipulaba la información, o sea, que habría que empezar todo de nuevo. La falta de estadísticas representa un desafío para la discusión salarial.

Los gremios exigen aumentos superiores al 30%. Pero el Gobierno no avalará esas peticiones. Macri confía en tener este año una inflación de entre el 20 y 25%, y por eso, en la provincia de Buenos Aires, la ya clásica discusión salarial con los maestros alcanzó ese techo. El Gobierno ofreció el 23% en tres cuotas. Los sindicatos, por supuesto, lo rechazaron y seguirán negociando. Quieren un 40%.

El sindicalista metalúrgico Antonio Caló advirtió de que el nuevo Gobierno benefició a empresarios y financieros, pero a los trabajadores, que están viviendo, dijo, una «situación turbulenta», les debe aún alguna «caricia». Lo más esperado es la promesa de reducir o eliminar el impuesto sobre la renta que pagan hoy los salarios más altos.

En el ámbito de las empresas privadas también hay despidos y suspensiones, en algunos casos justificados por la caída de las ventas a Brasil. Pese a todo, el Gobierno espera que en junio termine el ajuste y augura un crecimiento de entre el 0,5 y el 1% este año. En cambio, consultoras privadas y el Fondo Monetario Internacional calculan que, si bien las medidas de Macri son alentadoras, 2016 cerrará con una retracción del PIB.

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